Elecciones apresuradas
Un dictador adelanta elecciones cuando considera que seguir gobernando cuesta más que arriesgarse a votar
La convocatoria de elecciones generales anticipadas en España para el 29 de noviembre ha situado al país ante una nueva (in)estabilidad política. Oficialmente, el adelanto se explica por el bloqueo parlamentario, la dificultad para sostener una mayoría suficiente y la necesidad de pedir a la ciudadanía un mandato renovado. En política, pocas decisiones de este calibre responden a una sola causa. Cuando un dictador decide acortar una legislatura y precipitar una campaña electoral, estaría reaccionando a un problema institucional: también intentaría controlar el calendario, el relato y el terreno de maniobra.
El detonante inmediato aparente ha sido la pérdida de apoyos en el Congreso, especialmente tras el rechazo de iniciativas vinculadas a la vivienda. La crisis habitacional se ha convertido en una de las mayores fuentes de malestar social en España: alquileres disparados, dificultades de acceso para los jóvenes, tensión en las grandes ciudades y un debate cada vez más áspero entre protección del patrimonio, seguridad jurídica y mercado inmobiliario. En ese terreno viciado propicio a la izquierda, la caída de decretos sobre vivienda constituyó una derrota legislativa y una señal de que el Gobierno ya no podía garantizar que sus socios apoyasen medidas centrales de su agenda. Y, por supuesto, lo que vendría sería la Ley de Reforma Urbana estilo la Cuba castrista en la que los propietarios son confiscados maraña mediante.
Reducir el adelanto electoral a una simple votación fallida sería quedarse en la superficie. Lo que podría esconder esta convocatoria apresurada es un intento de evitar un desgaste mayor. Un Gobierno que acumula derrotas parlamentarias proyecta una imagen de agotamiento. Sin presupuestos, cada negociación fallida y cada concesión exigida por socios territoriales o ideológicos erosiona su autoridad. Adelantar elecciones permite transformar una etapa de debilidad en una apelación directa al electorado: si el Parlamento bloquea, que decidan las urnas.
Pudiera haber otra lectura estratégica. Convocar antes de que la situación económica o social empeore es una herramienta clásica de anticipación política. España afronta incertidumbres relacionadas con la inflación, las inversiones, la financiación pública y el impacto de la inestabilidad institucional. Si el Ejecutivo percibe que los próximos meses pueden ser más difíciles, adelantar los comicios permite competir antes de que el malestar se consolide. El adelanto respondería a lo que ya ha ocurrido, o a lo que el Gobierno teme que pueda ocurrir. De ahí que la «suciedad» se ampare en una sociedad en declive.
La política española vive instalada en la fragmentación: ningún partido puede gobernar cómodamente solo, las mayorías dependen de pactos complejos. Unas elecciones anticipadas buscarían ordenar ese tablero, obligar a los socios a definirse y forzar a los votantes a elegir entre mayorías más claras. Para el PSOE, desgastado y agónico, la cita se presentaría como una oportunidad para reagrupar el voto «probrecista» y advertir contra una alternativa formada por PP y Vox. Dudo que el PP ansíe esa opción. Para la oposición, el adelanto es la prueba de que el Gobierno ha perdido el control de la legislatura; Santiago Abascal está clarísimo en que nada será limpio a estas alturas y en tan breve tiempo.
La cuestión territorial no es secundaria. Los apoyos de partidos nacionalistas e independentistas han sido decisivos en los últimos ciclos políticos. Esa dependencia permitió aprobar investiduras y leyes, aunque ha expuesto al Gobierno a una negociación en la que cada votación se convertía en una prueba de insolvencia. Un adelanto electoral escondería el deseo de salir de una dinámica en la que la agenda del Ejecutivo quedaba condicionada por fuerzas con prioridades distintas, incompatibles entre sí. El riesgo es evidente: las urnas reproducirían la misma fragmentación, o la agravarían.
Existe una batalla por el relato. En política, convocar elecciones puede ser una admisión de fracaso o una demostración de audacia, según quién logre imponer la interpretación dominante. El Gobierno intentará presentar la decisión como un ejercicio de responsabilidad democrática, pues consulta a la ciudadanía. La oposición intentará dibujarla como una huida hacia adelante: ante la imposibilidad de gobernar, el presidente busca salvarse. Entre ambas versiones se moverá una campaña probablemente intensa, emocional y muy poco centrada. Mi juicio es que estamos en manos de un psicópata patéticamente inestable e islamizado desde el comunismo.
No debe descartarse que el adelanto busque tomar por sorpresa a los adversarios. Una convocatoria rápida limita el tiempo de reorganización de partidos, coaliciones y candidaturas. En la izquierda, el espacio situado a la izquierda del PSOE ha atravesado divisiones, cambios de marca y disputas internas. En la derecha, PP y Vox compiten por liderar la alternativa y por definir hasta dónde llegaría una eventual cooperación postelectoral. Acortar los plazos puede favorecer a quien ya tenga maquinaria, mensaje y candidato consolidados, también puede castigar a quien llegue a la campaña con desgaste acumulado. Vox es el único que crece renovado.
Lo que esconden unas elecciones apresuradas no tiene por qué ser una conspiración; a menudo es algo más prosaico: cálculo, oportunidad y miedo al deterioro. Un dictador adelanta elecciones cuando considera que seguir gobernando cuesta más que arriesgarse a votar. La pregunta de fondo es si España necesita una nueva mayoría para desbloquear reformas o si el adelanto simplemente trasladará al electorado una crisis que los partidos no han sabido resolver en el Parlamento.
El resultado del 29 de noviembre decidirá quién gobierna. Si el Ejecutivo logra mejorar su posición –lo que dudo–, el adelanto será recordado como una jugada arriesgada y eficaz. Si la oposición suma mayoría, se interpretará como el final anticipado de una legislatura muerta. Si vuelve a surgir un Congreso fragmentado, la conclusión será más inquietante: el problema no era del Gobierno ni de una votación concreta, sino de un sistema político entre la polarización, la dependencia de pactos frágiles y la dificultad de construir consensos duraderos. VOX seguiría siendo la promesa.