La burocratización de la existencia

El ordenamiento jurídico ha cruzado un umbral crítico. Lo que antes era un sistema de contención frente a lo irreversible, hoy es una ventanilla de validación de la desesperanza mediante el cumplimiento de plazos y formularios.

La burocratización del fin de la vida es el síntoma de una sociedad que ha renunciado al juicio sosegado en favor de la gestión eficiente. Sustituir el escrutinio judicial por la validación de una comisión administrativa es una quiebra civilizatoria. Resulta paradójico que nuestro ordenamiento exija mayores garantías para la donación de un órgano en vida que para la entrega de la vida entera.

Resulta sobrecogedor observar cómo el Estado, que invierte recursos en la prevención del suicidio, dispone simultáneamente de una vía rápida para el mismo fin. Al declarar este acto como «muerte natural» a todos los efectos, no solo abdica de su función de custodia, sino que oculta su propia intervención tras un velo administrativo que impide cualquier revisión de fondo.

Un sistema que renuncia a la contradicción obligatoria y que no prevé un defensor de la vida frente a un prematuro impulso extintivo, ha dejado de ser un baluarte de garantías para convertirse en un mecanismo de prejubilación de la existencia.