Las graves declaraciones de Víctor de Aldama

La declaración de Víctor de Aldama, procesalmente, es compleja para alguien lego en la materia. Como he estado en muchas vistas en juicios penales, intentaré explicarlo.

Este señor, que es el personaje principal de la causa, ha declarado voluntariamente (podía haberse acogido a su derecho a no declarar ni confesarse culpable, entre otros), en una doble condición, como acusado y como testigo cualificado.

Como acusado, y según la doctrina consolidada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, puede hasta mentir, como estrategia de defensa.

Como testigo y muy cualificado, por ser un sujeto activo en la trama criminal que se está enjuiciando, no puede mentir, sino decir verdad.

Bien, llegado a este punto, y en esta segunda condición ha afirmado algo extremadamente grave, que la organización criminal a la que él era el 4, tenía, en la jerarquía de mando como jefe supremo, número 1, a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de la nación. Es la primera vez que, en presencia judicial, se señala a un presidente de gobierno, no como alguien accidental, no, sino como presunto número 1. Ni con Felipe González, en la trama, ya cosa juzgada, de los Gal.

Llegado a este punto, no me vale que Sánchez diga esa boutade, esa salida política hacia delante, de que pretenda ser presidente del gobierno hasta 2035. Su deber, que no es ya sólo un derecho, es querellarse contra el que le denuncia. Es que ya tendría que haberla presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla. ¿Por qué no lo hace?

Esa es la cuestión. Si no lo hace, y no actúa, ya se sabe. Y si lo hiciera, por un presunto delito de calumnias vertida en acto de juicio oral, por alguien que no actuaba en ese momento como acusado, sino como testigo, el querellado tendría sólo una opción que en derecho penal se denomina la exceptio veritatis, es decir probando que decía verdad. Quizás tema ese resultado. Nunca se sabe, como se ignora las pruebas de Aldama en su señalamiento al presidente. Muy grave y escandaloso.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene una papeleta muy delicada, dar o no dar verosimilitud a la declaración de Aldama. Lo hará en la valoración de la prueba. Y si lo da, igual tendrá que deducir testimonio para que se investigue y para ello, se tendría que solicitar un suplicatorio al Congreso. El presidente del gobierno tiene derechos.

Y el pueblo español tiene el derecho de saber la verdad. Lo que no es de recibo es dejar el tema en una duda inaceptable. El dilema está servido.