Ni con propaganda ni con dinero público

Si las aplicaciones que este gobierno está haciendo con la Ley de Memoria Democrática, y, en particular, con la Ley de Nietos, están siendo criticadas por partidos de la oposición y por muchos artículos de opinión en periódicos de papel y digitales, así como también en cadenas de radio y televisión demostrando unas supuestas tergiversaciones, han de ser denunciadas ante la Junta Electoral Central y en los juzgados que correspondan.

He ahí lo que estamos comprobando con la tergiversación de una ley para conseguir una interpretación forzada que, a su vez, es errónea con mala intención, y, cuya finalidad está encausada a intereses personales o particulares justificando, con ello, operaciones contrarias al propósito por lo que fue creada.

Esa maniobra de hacer lo contrario a la norma legal se conoce jurídicamente como una actuación «contra legem».

Por lo tanto, si en una ley, al aplicarla, existe una tergiversación, cualquier actuación está vulnerando esa ley. Por lo tanto, esa actuación será declarada nula de pleno derecho.

Esa Ley de Nietos, si fue manipulada a medida para conseguir beneficios políticos es una ley a la carta o «ley ad hoc», y por el hecho de haber sido tergiversada, constituye un fraude de ley.

Y, más aún, si con ello, hubo actuaciones propagandísticas pagadas con dinero público.