¿Quién asume la responsabilidad?

Se dice que la responsabilidad política consiste en responder por los errores propios y por los de la Administración que uno dirige. Sin embargo, en la España actual parece haberse convertido en una figura casi desaparecida.

Tras la crisis migratoria en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería haber asumido responsabilidades políticas. La gestión de la incidencia ferroviaria de Adamuz también ha suscitado peticiones de dimisión dirigidas al ministro Óscar Puente. El gran apagón eléctrico abrió un intenso debate sobre la planificación y la gestión de una infraestructura crítica, sin que ello haya supuesto cambios en la presidencia de Red Eléctrica. Del mismo modo, la polémica en torno al denominado «caso Leire» ha situado bajo escrutinio a la dirección de la Guardia Civil y a su Director Adjunto Operativo sin que ninguno haya dimitido.

Cuando episodios de esta naturaleza se acumulan sin que nadie asuma consecuencias, el mensaje que recibe la ciudadanía es inquietante: la permanencia en el cargo parece depender más del respaldo político que de la gestión realizada.

Y, por encima de todos ellos, está el presidente del Gobierno, que debería responder por la actuación de sus ministros. La acumulación de crisis, controversias y errores de gestión debería conducir, al menos, a una profunda reflexión sobre las responsabilidades políticas que corresponden a cada nivel del Ejecutivo.

La dimisión no es una condena judicial ni una admisión de culpabilidad. Es un mecanismo de higiene democrática, una forma de preservar la credibilidad de las instituciones y de fortalecer la confianza de los ciudadanos. Cuando nadie dimite por nada, el verdadero riesgo no es solo la impunidad política, sino la progresiva erosión de la calidad democrática.