Cuando el poder ataca a la Justicia

Hay líneas que un gobierno democrático no debería cruzar.

Pedro Sánchez puede discrepar del Tribunal Supremo. Puede considerar equivocada una resolución, recurrir y defender públicamente su posición. Lo que resulta mucho más preocupante es que, desde la Presidencia del Gobierno, se utilice un lenguaje que pueda poner en cuestión la legitimidad de los jueces simplemente porque una decisión judicial no coincide con los intereses o planteamientos del Ejecutivo.

Los jueces no están para obedecer al gobierno. Están para hacer cumplir la ley.

Y esa diferencia es fundamental.

Un Estado de derecho no funciona únicamente cuando las sentencias gustan al poder. Funciona precisamente cuando los tribunales pueden adoptar decisiones que incomodan al gobierno sin temor a ser señalados, descalificados o presentados ante la ciudadanía como enemigos de la democracia.

Si el Supremo se equivoca, existen recursos y procedimientos para corregir sus decisiones. Lo que no puede pretender ningún gobierno es convertir el desacuerdo político en una campaña de descrédito contra quienes tienen constitucionalmente encomendada la función de juzgar.

Y aquí está lo verdaderamente importante: los jueces no necesitan aplausos del gobierno. Necesitan poder trabajar sin presiones políticas.

Quienes ocupan temporalmente el poder deberían recordar que el gobierno pasa, los partidos pasan y los presidentes pasan. Las instituciones permanecen.

Por eso, frente a cualquier intento de desacreditar a los tribunales, hay que decirlo alto y claro:

¡La Justicia no está al servicio del gobierno!

¡Los jueces no reciben instrucciones de los partidos políticos!

¡Y ningún presidente del gobierno está por encima de la ley!

Defender al Tribunal Supremo no significa afirmar que sus magistrados sean infalibles. Significa defender algo mucho más importante: que en España debe existir un poder judicial capaz de decirle «no» al poder político cuando la ley y la Constitución así lo exijan.

Porque si algún día conseguimos que los jueces tengan miedo de enfrentarse al gobierno, ya no tendremos una Justicia verdaderamente independiente.

Y ese día habremos perdido mucho más que una batalla política. Habremos perdido una garantía fundamental de nuestra democracia.