Huelga general teledirigida

La huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre nace con una carga política difícil de disimular, puesto que será la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012 y llegará a las puertas de una campaña electoral en el que este problema será uno de los grandes asuntos de debate. Con ese calendario, resulta imposible separar la protesta de las urnas al igual que ignorar la paradoja de que mientras una huelga general suele dirigirse contra el Gobierno de turno y poner bajo presión a quien ocupa La Moncloa, en este caso puede ocurrir lo contrario, ya que ofrece a Pedro Sánchez la posibilidad de situar el foco sobre quienes tumbaron los últimos decretos de vivienda y de presentar el malestar social como consecuencia de ese bloqueo, más que como balance de su propia gestión.

El presidente del Gobierno justificó el adelanto electoral por los «muchos problemas que resolver» en el acceso a una vivienda y defendió la necesidad de «renovar y ampliar el apoyo de la gente» para acometer reformas más profundas, un diagnóstico que coincide, al menos en parte, con el que esgrimen CCOO y UGT para respaldar la huelga, el del que el encarecimiento del sector inmobiliario se ha convertido en un problema que desborda el ámbito residencial y afecta directamente al poder adquisitivo, a la emancipación y a las condiciones de vida de los trabajadores.

Ahora bien, esa estrategia tiene un riesgo evidente porque durante los más de ocho años de Gobierno socialista la vivienda se ha deteriorado de forma evidente y los datos son demasiado elocuentes para eludir sus responsabilidades. Valga como ejemplo la advertencia del Banco de España sobre el severo desequilibrio entre hogares y viviendas. Solo en 2025 se crearon alrededor de 240.000 hogares mientras se terminaron unas 92.000 viviendas, y entre 2021 y 2025 el desfase acumulado alcanzó unas 750.000 unidades. Las políticas del Ejecutivo, con su controvertida Ley de Vivienda, han arrojado resultados que siguen lejos de satisfacer las necesidades de los españoles, que pugnan ante una oferta de inmuebles que continúa siendo insuficiente, convirtiendo la emancipación en una quimera para demasiados jóvenes a la par de que el esfuerzo de quienes viven de alquiler no deja de crecer.

Por eso, Sánchez puede intentar convertir el 11-N en un reproche contra quienes tumbaron sus decretos, pero la misma huelga debe servir de recordatorio de que quien gobierna desde 2018 también debe responder por lo que no ha conseguido resolver. TVE se está encargando de promocionarla.