La condena que salta de la Fiscalía a la Moncloa
El fallo contra García Ortiz confirma el burdo desafío de Sánchez a la propia democracia y confirma su autoría moral de una zafia campaña política
El Tribunal Supremo ha hecho pública al fin la sentencia contra el fiscal general del Estado, un impecable trabajo jurídico de más de 200 páginas que ridiculiza, sin más, los patéticos argumentos de los defensores de Álvaro García Ortiz, y de su mentor en La Moncloa, sean de políticos, de periodistas o de meros propagandistas.
Todos ellos se han dedicado, de manera negligente y poco democrática, a recrear un universo paralelo al real en el que un pobre jurista era víctima de una conspiración judicial de magistrados fascistas, de medios de comunicación sincronizados en la llamada máquina del fango y del oscuro poder político que controla a ambos, conjurados para acabar con el presidente Sánchez.
Frente a esas elucubraciones delirantes, inspiradas en la misma retórica predemocrática que inspira el peligroso desafío del líder socialista al Estado de derecho, prevalece la contundencia técnica del fallo, que no deja lugar a la duda.
García Ortiz cometió un delito con la excusa de que quería desmentir un «bulo», un objetivo que no hubiera necesitado de atentar contra el Código Penal de no haber estado movido por otras intenciones.
Y esto es lo sustantivo del asunto. Porque queda claro que todo un fiscal general se prestó a una infame campaña política dirigida por La Moncloa para, aprovechando las cuitas personales y privadas de un ciudadano, intentar derribar a su pareja, a la postre Isabel Díaz Ayuso.
Solo el borrado de mensajes por parte de Ortiz impide extender el castigo penal a La Moncloa, que recibió el expediente privado de González Amador y se lo envió al PSOE madrileño, pero su participación y liderazgo en los hechos es simplemente innegable.
El oprobio de la condena y la resistencia a admitirla, con argumentos indecentes e impropios de un demócrata, es extensible al presidente y retrata su deriva autoritaria, su intolerable ataque a la separación de poderes, su ofensiva contra el Tribunal Supremo y su desprecio, en definitiva, a la democracia.
Pero el caso también retrata la solidez del Estado y la necesidad de animar, proteger y cuidar a quienes lo custodian y actúan en su nombre. Por muchas presiones que sufran, de tintes sectarios e incluso mafiosos, siempre se impondrán si la sociedad española está a su lado.