Contra el aborto se puede y se debe estar sin cacerías del Gobierno

El Gobierno de España ha desatado una auténtica cacería pública, desde la mesa del Consejo de Ministros, contra el Ayuntamiento de Elche por algo tan inapelable como su libre ejercicio de la libertad de expresión, de voto y de principios en un asunto tan esencial como es la lucha contra el aborto.

Que la propia portavoz, Elma Saiz, arremeta contra Vox y el PP por secundar una propuesta del primero a favor de abolir el aborto, es intolerable: una democracia se caracteriza por el respeto escrupuloso a la legislación vigente, aunque no se comparta; pero sobre todo por la posibilidad de cambiarla con las mismas herramientas del Estado de derecho.

Y, desde luego, por opinar al respecto de cualquier asunto público, desde las creencias, los ideales y los valores propios, que por supuesto no tienen por qué estar alineados con el poder vigente.

La virulencia del Ejecutivo, secundado por sus delegados sectarios en la Comunidad Valenciana, es por todo ello un atentado democrático, una indecente persecución y una demostración de debilidad en los postulados propios, que al parecer se tienen que imponer a la fuerza, sin debate, como suele ser habitual en quienes no se sienten muy seguros de sus argumentos.

Lo cierto es que en España, un país con pocos niños y una pirámide poblacional envejecida, se malogran hasta 100.000 vidas cada año en aplicación de algo tan traumático como el aborto, celebrado por sus impulsores como una especie de fiesta que empodera a las mujeres y las libra de una vida castrante y sometida.

En lugar de favorecer la maternidad, proteger a las madres, ensalzar el fruto de su creación y entender la necesidad de mejorar la natalidad, se lanzan mensajes siniestros que convierten el embarazo en una especie de merma y se intenta poner de moda, poco menos, un drama innecesario.

Algo así hemos visto hace nada en otro asunto muy conectado, la cruel eutanasia de Noelia Castillo, una joven con la que el Estado incumplió su obligación de darle razones para querer vivir y la animó, por ello, a quitarse la vida por carecer de ganas para continuarla.

Una sociedad decente agota todos sus recursos para que nadie muera cuando no es su momento, y también para favorecer la vida, un milagro de la Naturaleza que explica el origen y el futuro de la humanidad. ¿Cómo va a ser ofensivo defender esos valores ante la deriva nihilista que impone una falsa progresía mortuoria?

La intolerancia no consiste en oponerse al aborto o la eutanasia, sino en no entender que una parte formidable de la sociedad no entiende que se pretenda convertir ambas en derechos fundamentales, a sabiendas del dolor que comportan y del daño individual y colectivo que provocan.

Oponerse a ello, contraponer a cada eslogan un argumento, pelear democráticamente por otros derechos más humanitarios o simplemente mostrar desacuerdo nunca pueden ser tratados como actos de insurgencia. Son indicios de esperanza, de civismo y de compromiso con la esencia del ser humano: la cultura de la vida solo molesta a quienes, en realidad, apuestan por la muerte.