El Supremo frena los apaños antidemocráticos de Sánchez

Con un demoledor auto, el Tribunal Supremo ha confirmado sus propias medidas cautelares al respecto de la chapucera y tramposa inclusión en el censo electoral de decenas de miles de extranjeros a los que, además de regalarles la nacionalidad española de manera frívola y descontrolada, se les concedía el derecho a participar en las Elecciones Generales.

El Alto Tribunal ha dictaminado, en síntesis, que aceptar la alteración del censo electoral por una instrucción política del Gobierno, perpetrada a escondidas y ejecutada sin la verificación más elemental, afectaría a la pureza de los comicios y por tanto de la propia democracia.

El fallo afecta, desde luego, a todos los beneficiarios de la indecente normativa colada al margen del Parlamento por el Ministerio de Justicia, porque todos los consulados deberán asumir personalmente la pureza del proceso para todos aquellos foráneos que se adhirieron a la infumable «Ley de Nietos», un despropósito con consecuencias electorales y también económicas: regalar el DNI, que ya se puede lograr con unos requisitos aquí desaparecidos, también le obliga a España a asumir la atención y acogida a personas que, voten o no, querrán en muchos casos disfrutar del generoso clientelismo consolidado por Sánchez para captar votos.

Ahora solo queda una intervención caciquil del Tribunal Constitucional, cuyas competencias no incluyen enmendar al Tribunal Supremo, lo que sin embargo ha hecho en el pasado, por ejemplo, con la sentencia de los ERE o la del «procés» golpista en Cataluña.

Un asalto de Conde Pumpido y el resto de los secuaces colocados por el PSOE en un asunto tan delicado solo confirmaría las perversas intenciones iniciales de Sánchez: intentar comprarse el voto a cambio de regalar la ciudadanía española, cuyos titulares reales no lo quieren ver ni un minuto más al frente del Gobierno según todas las encuestas y también las elecciones precedentes.

Ahora, lejos de quedarse en el fallo, hay que insistir en la investigación de todas las nacionalizaciones derivadas de esa trampa obscena y, sobre todo, cargarle a Sánchez la burda intentona de apaño: no basta con que la Justicia le frene, una vez más; el mero hecho de que esté dispuesto a saltarse los controles de la democracia en este asunto obliga a pensar en cuántos más será capaz de hacer lo mismo.