La defensa militar

España cuenta con unos profesionales de extraordinaria cualificación, tanto técnica como moral, en sus Fuerzas Armadas, en el marco que la exigencia del desempeño de sus cometidos demanda, en una nación como la nuestra.

Una de las características más evidentes de esta cualificación es la de su abnegación y disponibilidad permanente para la asunción de cualesquiera sacrificios en la aportación de lo mejor de sí mismos para la mejora del bienestar de la sociedad, materializada en la mejora del bienestar y la seguridad de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Cuando se trata de manera pública el asunto de los demandados y necesarios incrementos en la asunción de responsabilidades para garantizar nuestra propia seguridad y defensa, el incremento de inversiones en defensa, el énfasis del foco mediático se ubica muy notablemente en las necesidades materiales que ese incremento demanda en términos, fundamentalmente, de nuevos y más modernizados sistemas de armas.

A veces, da la impresión, o se transmite la idea, de que el progreso de la tecnología va a hacer posible reemplazar a los combatientes por sistemas de armas, cada vez más automatizados, que reduzcan, al mínimo, el riesgo para las personas, limitando el alcance de los conflictos a daños materiales entre máquinas o sobre infraestructuras.

Conviene recordar que, por grande que sea la mecanización del conflicto, el recurso esencial de los Ejércitos continúa siendo el recurso humano, los militares. Sin ellos no existe la automatización de ningún sistema de armas que actúe «mecánicamente» sobre los recursos o infraestructuras objetivo de los conflictos. Sigue siendo imprescindible la disponibilidad de profesionales, cada vez mejor formados en los ámbitos técnico y moral.

Es por ello por lo que he optado por insertar la palabra «militar» detrás del término «defensa» en el encabezamiento de estas líneas. La evolución de los debates sobre esta materia presenta el riesgo de conducirnos a creer que la defensa pudiera llegar a ser exclusivamente «tecnológica». De hecho, conviene no olvidar que la razón de ser de todo el desarrollo tecnológico producido en el ámbito de la defensa es la de dar respuesta a las necesidades que formulan, precisamente, los militares, llamados a emplear estos desarrollos tecnológicos o a servirse de ellos en el marco del cometido que desempeñan en nombre de la sociedad a la que sirven. Este cometido es el de ejercer la defensa de esa sociedad a fin de garantizar su seguridad, segunda necesidad en la escala de prioridades de los seres humanos, sólo precedida por las necesidades fisiológicas.

Para todo ello, es preciso disponer de los adecuados recursos humanos, adecuadamente formados, técnica y moralmente, dignificados en el desempeño de sus cometidos, de manera que sientan la satisfacción de prestar un importante servicio a la sociedad, para todo lo cual han de ser puestos en el centro de las consideraciones sobre la defensa, la defensa militar. También es preciso que la sociedad identifique el servicio que recibe de estos profesionales como algo relevante y sustancial para el sostenimiento del sistema de libertades y de convivencia sobre el que se apoya el entramado de actuaciones que, de forma más o menos consciente, nos proporciona prosperidad y bienestar.

Los miembros de las Fuerzas Armadas, los militares, disponen de los procedimientos adecuados para identificar, definir y cuantificar las necesidades de todo tipo que experimentan para poder desempeñar sus cometidos, especialmente, los recursos humanos, su preparación, los sistemas de armas, las necesidades inherentes al sostenimiento de estos, el equipamiento, la infraestructura necesaria para todo ello y otras accesorias. Disponen para ello del proceso de Planeamiento de la Defensa que revisan, de manera cíclica y continua en períodos de seis años que se encadenan entre sí, sin solución de continuidad.

Una de las dificultades que experimentan para la obtención de los recursos que precisan, tras la identificación metódica de todas sus necesidades, es la de la falta de correspondencia entre estos períodos de planeamiento, a seis años vista y el de financiación de la Administración General del Estado que, como se sabe, se basa en ciclos anuales vinculados a los, igualmente anuales, Presupuestos Generales del Estado. Otros países, conscientes de esta dificultad en lo concerniente a las inversiones en defensa, que, por tratarse de proyectos tecnológicamente complejos, precisan inversiones a largo plazo, realizan una programación diferenciada para las necesidades de la defensa estableciendo ciclos plurianuales que permiten a la industria de defensa acometer inversiones que redundan en un mejor posicionamiento en el mercado para responder a las demandas de sus Fuerzas Armadas. Es lo que, en esos países, España no se encuentra entre ellos, denominan Leyes de Financiación, Leyes de Programación o Leyes de Dotaciones.

Existen ciertas iniciativas sociales, promovidas por determinadas plataformas ideológicas, tendentes a asociar la existencia de conflictos con la existencia de Fuerzas Armadas, de sistemas de armas o de industria de defensa, intentando transmitir la idea de que, si desaparecieran éstos, desaparecerían aquellos. Es decir que si no hubiera Ejércitos o armas no habría conflictos o, haciendo la translación necesaria, que si no hubiera policía no habría delitos. La interpretación ha de ser necesariamente la contraria. Las fuerzas policiales existen para prevenir el delito y reaccionar frente a él si se produce, a fin de proteger a la sociedad, de igual manera que los Ejércitos y las armas existen para prevenir los conflictos o reaccionar frente a ellos, si se producen, a fin de proteger a la sociedad.

Llaman la atención, por ingenuas o por perversas, algunas iniciativas sociales que promueven el desarme como solución a los conflictos.

Lo que ha de hacer una sociedad moderna y lo que, de hecho, hacen las naciones modernas, entre las que España se incluye, conscientes de los riesgos a los que se enfrentan, es dotarse de los recursos militares adecuados, formados técnica y moralmente de manera coherente con los valores de la sociedad a la que defienden y mantenerlos adecuadamente equipados para resultar disuasorios frente a esos riesgos, desempeñando de manera eficaz y digna la defensa de la sociedad en cuyo beneficio trabajan, la defensa militar.

• Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla del Grupo Parlamentario Popular