Una profesión de riesgo

Algunos asuntos relativos a la población se han convertido no solo en temas de debate encendido lo cual está bien, sino en instrumentos de enfrentamiento cuando no en armas arrojadizas de descalificación ideológica o política.

Yo creo que hay tres grandes materias que suscitan controversia: la situación de la natalidad, la cuestión de la inmigración y la temática del envejecimiento.

Todo el mundo está de acuerdo en que tenemos una natalidad bajo mínimos, pero la opinión se fragmenta cuando se aborda la posibilidad de corregir esa situación. Algunos defendemos la conveniencia de una política de ayuda familiar que amortigüe las dificultades que deben enfrentar muchas madres y padres que quieren tener hijos. Eso, juzgamos, no es solo bueno para los progenitores, sino para toda la sociedad que está muy lejos de renovar las generaciones. Otros consideran que no hay que aplicar ninguna política favorecedora de la natalidad (el tener hijos o no es un asunto privado de las parejas) porque además las que se han formulado no han tenido ningún éxito, cosa que dista mucho de ser cierta. La división adquiere tintes ideológicos, ya que, con frecuencia, los defensores de las políticas familiares son considerados como conservadores y los otros como progresistas. Se trata de una simplificación sin ningún fundamento, ya que los programas en defensa de la familia y de una mejor natalidad han sido aplicados por gobiernos de «derechas» y de «izquierdas» como así está ocurriendo en algunas comunidades españolas. En cualquier caso, en la polémica acerca de la conveniencia y utilidad de las políticas de ayuda familiar la sangre no llega al río.

No sucede lo mismo con la inmigración, que es el asunto que suscita mayor enconamiento y posicionamientos más irredentos, fundamentalmente entre los partidos políticos cuyos planteamientos acaban trasladándose a la opinión pública. La inmigración exige desde mi punto de vista un tratamiento desapasionado a partir de datos fidedignos que permita realizar un balance objetivo de sus ventajas e inconvenientes y autorice la formulación de las políticas adecuadas para su tratamiento. Soy de los que creen que la inmigración es buena para España, para nuestra demografía y para nuestra economía. Este país no funcionaría sin los miles de inmigrantes que atienden a nuestros mayores, cuidan nuestros niños, construyen nuestras casas, trabajan nuestros campos o se ocupan de los servicios que necesitamos. Pero, al mismo tiempo, sé de sobra que el fuerte volumen de inmigrantes recibidos y en particular la presencia de algunos grupos, plantea problemas de integración, convivencia y delincuencia sin que por ello haya que criminalizar a todos los extranjeros, promover su vuelta a casa e impedir que vengan más.

Son muchos los que comparten el planteamiento de una inmigración sensata, regular y acorde con nuestras necesidades laborales, pero observo también, no sin cierta preocupación, un crecimiento de los que no se muestran partidarios y sobre todo un recrudecimiento de las descalificaciones proferidas contra quienes defendemos ese éxodo. Sin datos objetivos, ni argumentaciones sólidas los detractores de la inmigración te tildan de «buenista», de «sanchista» o incluso de no defender los intereses patrios. ¡Qué locura! A veces pienso que sostener ciertos planteamientos demográficos como los de una inmigración razonable empieza a resultar peligroso. Es necesario argumentar con casco y dotarse de un seguro ideológico a todo riesgo para resistir envites tan agresivos como faltos de fundamento

En materia de envejecimiento pertenezco a la corriente que defiende la necesidad de prolongar e incentivar la actividad de los séniores en el mercado laboral. E incluso de permitir que la jubilación, que indudablemente es un derecho, no sea una obligación para todos. ¡Qué cantidad de talento estamos perdiendo con los retiros anticipados! Que lo hagan quienes desempeñan profesiones que suponen un gran desgaste físico resulta razonable, pero que la norma se aplique de forma generalizada e indiscriminada, carece de sentido. Pues también en eso hay quienes se te tiran a la yugular con los argumentos tan manidos, como falsos, de que los trabajadores mayores están desincentivados, no poseen los conocimientos necesarios o quitan puestos de trabajo a los más jóvenes. Cuando dices, como ya anticipaba hace años el gran economista José Barea, que es necesario elevar la edad de jubilación (él proponía los 75 años) siempre hay alguien que propone quemarte vivo o ingresarte en un hospital siquiátrico.

Creo que las tres propuestas demográficas que les he formulado son sensatas: promover una política familiar, favorecer la llegada de los inmigrantes que necesitamos e incentivar el trabajo sénior. Evidentemente, respeto a quienes no compartan estos planteamientos, pero no a quienes los descalifican sin un argumentario sólido y realizan una interpretación de la realidad basada tan solo en sus propios prejuicios ideológicos.