Ocho años sin hacer los deberes en materia de vivienda

Escuchar en estos días a las eurodiputadas Irene Montero e Ione Belarra, junto a la portavoz de Sumar, produce una sensación conocida: la de volver a una clase mal preparada, en la que se improvisan respuestas simples para problemas complejos. En esta ocasión, el tema es la vivienda; el resultado, una vez más, decepcionante.

Al fondo del aula institucional se encuentra el presidente Pedro Sánchez, que tras casi ocho años al frente del Gobierno comparece en vísperas electorales con un supuesto Plan Nacional de Vivienda. Un plan que llega tarde y que transmite la impresión de quien aparece el día antes del examen con soluciones rápidas para ocultar una larga falta de trabajo previo.

Porque la realidad es clara: en ocho años no se ha construido una política de vivienda sólida en España. 2.800 días de vacaciones al alcance del Gobierno de España y nadie más. Por su culpa, el país arrastra hoy un déficit cercano a 1,8 millones de viviendas, según los informes más recientes, y las previsiones más optimistas apuntan a que la crisis se prolongará durante al menos tres décadas si no se acometen reformas estructurales. Frente a este diagnóstico, el Gobierno responde con cheques puntuales y anuncios de impacto mediático, medidas de corto plazo que no abordan el problema de fondo.

El problema no es la demanda, sino la oferta. Y esa oferta está bloqueada por decisiones políticas. Promover vivienda en la España actual implica enfrentarse a incertidumbre regulatoria, inseguridad jurídica, procedimientos administrativos lentos y una fragmentación normativa que desincentiva cualquier iniciativa. A ello se suma una presión fiscal desproporcionada: antes de colocar un solo ladrillo, el promotor ha asumido ya cerca del 38 % del coste total en impuestos. El resultado es evidente: no se construye. ¿Quién osaría hacerlo en la España de Sánchez?

La contradicción del Ejecutivo resulta especialmente llamativa cuando, al mismo tiempo que anuncia procesos masivos de regularización migratoria (más de 500.000 al año), mantiene paralizada la oferta de suelo y penaliza al sector inmobiliario. La pregunta es inevitable: ¿dónde se supone que deben vivir esas personas? ¿Y qué respuesta se ofrece a los jóvenes y a las familias que hoy no pueden acceder ni a un alquiler ni a una vivienda en propiedad?

Lejos de corregir estos desequilibrios, el Gobierno ha optado por una política de señalamiento. Se persiguen los apartamentos turísticos –afectando directamente a la clase media– y se consolida un marco legal que tolera la ocupación ilegal o inquiokupación, generando un clima de desconfianza que expulsa vivienda del mercado. No es una estrategia de vivienda; es una huida hacia adelante ideológica.

Conviene recordarlo con claridad: la vivienda no es un derecho que se proclama, sino un bien que se construye. Y para que se construya hacen falta reglas claras, seguridad jurídica, fiscalidad razonable y administraciones que faciliten, en lugar de obstaculizar.

Desde el Grupo ECR defendemos un enfoque distinto y responsable. Apostamos por incrementar la oferta, liberar suelo, simplificar licencias, reducir cargas fiscales innecesarias y devolver estabilidad normativa al sector. Solo así se ampliará el parque de vivienda, se moderarán los precios y se garantizará un acceso real a quienes hoy están excluidos.

Esta crisis no la ha creado el mercado. La ha creado un Gobierno que ha pasado la legislatura sin hacer los deberes y que ahora pretende aprobar repartiendo caramelos en el último minuto. España necesita políticas serias, planificación y rigor. Y necesita empezar a trabajar antes de que las consecuencias sean irreversibles. Por ahora, está suspenso.