La sociedad civil en la hora decisiva

Hay etapas en la vida de los pueblos en las que la cautela deja de ser virtud si se convierte en inacción. España se encuentra en una de esas encrucijadas. Desde hace tiempo vengo advirtiendo en distintos medios, que la situación actual no responde ya a una simple alternancia política ni a una discusión ideológica propia de una democracia madura. Nos enfrentamos a un deterioro más profundo que alcanza a los fundamentos institucionales, al crédito moral de la vida pública y al clima de convivencia entre españoles.

Ante este escenario, la sociedad civil está llamada a recuperar su protagonismo. No como sustituta de la representación política ni como instrumento de agitación, sino como expresión legítima de una conciencia colectiva que no se resigna. Conviene recordar que las grandes etapas de afirmación nacional en España han estado siempre acompañadas por una sociedad viva, consciente de su responsabilidad histórica. Durante años se ha querido presentar la realidad española como una confrontación permanente entre bloques irreconciliables. Sin embargo, existen principios que trascienden cualquier sigla: la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto a las instituciones, la unidad nacional o la dignidad cívica. No pertenecen a ningún partido. Son el suelo común sobre el que se sostiene la convivencia. Precisamente por eso, su defensa exige una respuesta que vaya más allá del debate partidista.

Reducir la vida pública a una dinámica de bandos enfrentados no solo empobrece el debate, sino que debilita la propia idea de comunidad política. Una nación no puede sostenerse indefinidamente sobre la desconfianza mutua, la sospecha constante y la fragmentación deliberada. Necesita referencias compartidas, normas respetadas y un mínimo de lealtad institucional que permita la convivencia entre discrepantes.

He sostenido en artículos anteriores que España necesita una voz social que no dependa de consignas ni de estrategias coyunturales. Una voz que no se deje arrastrar por el ruido ni por la descalificación automática del discrepante. Una voz que no aspire a imponerse sino a afirmar con claridad aquello que considera irrenunciable. En determinados momentos, la presencia pública cuantitativamente amplia, ordenada y pacífica, adquiere un significado que trasciende la mera protesta.

La historia de las democracias muestra que la sociedad civil actúa como un elemento de equilibrio cuando las instituciones atraviesan fases de tensión. No para sustituirlas, sino para recordarles su función y sus límites. Es precisamente en esos momentos cuando la participación cívica, lejos de ser un factor de inestabilidad, se convierte en un mecanismo de corrección y de regeneración. En ese contexto se inscribe la convocatoria impulsada por Sociedad Civil Española que reúne a numerosas asociaciones y que ha llamado a los ciudadanos a una Marcha por la Dignidad en Madrid, con inicio en la Plaza de Colón el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas. Según la organización se trata de expresar el rechazo ante la deriva institucional y de reclamar responsabilidades políticas al actual Gobierno exigiendo la dimisión del presidente del gobierno.

Más allá de los lemas concretos, lo relevante es el sentido de la convocatoria. Se trata de afirmar que existe una España que no se reconoce en la degradación del debate público, que no acepta la excepcionalidad como norma, ni la división como herramienta de poder. Una España que entiende la dignidad política como la existencia de límites y como la obligación de respetarlos. Esa dignidad no es una noción abstracta ni retórica. Tiene manifestaciones concretas: el respeto a la ley sin excepciones interesadas, la renuncia al uso partidista de las instituciones, la aceptación de la verdad como base del debate público y la convicción de que el poder es un servicio y no un fin en sí mismo. Cuando estos principios se debilitan y se prostituyen, la sociedad tiene el derecho –y también el deber– de recordarlos.

La sociedad civil tiene hoy la responsabilidad de reivindicar la libertad y el sentido común como bases irrenunciables de la vida pública. La libertad no como consigna vacía, sino como garantía efectiva frente a cualquier intento de control o imposición. Sin verdad no hay regeneración posible; sin ley, la convivencia se debilita. Una democracia pierde solidez en la medida en que sus instituciones dejan de ser percibidas como imparciales y pasan a ser vistas como instrumentos al servicio de una estrategia de permanencia en el poder. En ese punto, la erosión ya no es solo política: es moral.

Conviene además subrayar, que la implicación de la sociedad civil no debe interpretarse como un gesto de confrontación, sino como una afirmación de responsabilidad. No se trata de negar la pluralidad ni de imponer una visión única, sino de defender aquello que hace posible esa misma pluralidad: un marco común de respeto, legalidad y convivencia. La cita por tanto, no es un gesto más. Es una llamada a la responsabilidad cívica. Es una oportunidad para que ciudadanos, asociaciones y colectivos expresen, de forma serena pero firme, su compromiso con una España basada en la ley, la verdad y la dignidad institucional. Porque llega un momento en el que callar deja de ser prudente y pasa a ser una forma de consentimiento. Y porque España necesita una vez más que sus ciudadanos respondan con altura a las circunstancias.