Por qué debería prohibirse el islamismo político en España

Hace más de un año publicaba en este mismo periódico algunas consideraciones sobre Oriana Fallaci, la valiente periodista italiana que convirtió durante sus últimos años la realidad del islamismo en Europa en una batalla moral e intelectual que le acarreó procesos judiciales, acusaciones y una enorme controversia. El tiempo y los acontecimientos han dado fundamento a buena parte de sus temores y hoy Europa comienza a arrepentirse de aquel ingenuo multiculturalismo que durante décadas pretendió hacer compatibles, casi por decreto, valores y principios que en demasiadas ocasiones resultaban frontalmente contradictorios. Se habló de integración, tolerancia y convivencia mientras crecían la radicalización, los guetos culturales, la financiación exterior de determinadas organizaciones religiosas y una ideología que no pretende simplemente convivir con nuestras sociedades, sino transformar algunas de sus normas esenciales.

Conviene establecer desde el principio una diferencia fundamental. Islam e islamismo político no son lo mismo. El musulmán que profesa su religión, acude a una mezquita, reza, educa a sus hijos conforme a sus creencias y acepta las leyes españolas merece exactamente la misma protección que cualquier otro ciudadano. Así lo exige nuestra Constitución y así debe ser. Pero otra cosa muy diferente es el islamismo entendido como proyecto político y social que pretende imponer la supremacía de la ley religiosa sobre la ley civil, cuestionar la igualdad entre hombres y mujeres, limitar la libertad de conciencia o sustituir la soberanía popular por una concepción teocrática del poder. Una cosa es creer; otra, pretender gobernar a los demás en nombre de esa creencia. Y ya no estamos ante una amenaza teórica. Los últimos datos de Europol correspondientes a 2025 contabilizan 347 detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista en la Unión Europea, de un total de 486 vinculadas al terrorismo en sus distintas manifestaciones. España encabezó esa estadística con cien detenidos por yihadismo. La propia estrategia antiterrorista de la Comisión Europea continúa señalando al terrorismo yihadista como la amenaza terrorista más relevante y letal para nuestro continente. Negarlo a estas alturas no es tolerancia: es ceguera.

Durante demasiado tiempo, Europa ha reaccionado siempre tarde. Primero se negó la existencia del problema; después se atribuyó exclusivamente a la marginación social; más tarde se habló de casos aislados y finalmente hubo que admitir que existen redes de captación, adoctrinamiento, financiación y organizaciones que aspiran abiertamente a modificar nuestras sociedades desde dentro. Francia ha endurecido su legislación frente al separatismo islamista y ha reforzado el control de asociaciones y financiación religiosa. Alemania ha llegado a prohibir organizaciones islamistas cuando ha considerado acreditado que actuaban contra su orden constitucional. No se persigue una fe: se defiende un sistema político.

España dispone también de instrumentos jurídicos. La Constitución garantiza la libertad religiosa, pero establece límites derivados del orden público y declara ilegales aquellas asociaciones que persigan fines o empleen medios tipificados como delito. El Código Penal castiga el terrorismo, la captación, el adoctrinamiento y la colaboración con organizaciones terroristas. Pero nuestro problema no reside únicamente en la ausencia de leyes, sino en una cierta resistencia política e intelectual a utilizarlas con determinación y, sobre todo, en actuar solamente cuando la radicalización ha alcanzado ya el terreno penal.

Ahí debería comenzar el debate que casi nadie quiere afrontar. Una democracia no tiene obligación de financiar, subvencionar o permitir organizaciones que utilicen sus libertades para destruir los principios democráticos. No debe esperar a que aparezcan las armas para comprender que existe una amenaza. La defensa del Estado constitucional comienza mucho antes: controlando la financiación extranjera de determinadas organizaciones, cerrando asociaciones que promuevan la supremacía religiosa o justifiquen la violencia, expulsando conforme a la ley a predicadores extranjeros que inciten al odio o al extremismo y vigilando especialmente los procesos de radicalización entre los jóvenes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido precisamente ese principio. En el caso del partido islamista turco Refah Partisi consideró compatible con el Convenio Europeo su disolución al entender que un proyecto político basado en la sharía y contrario a los principios democráticos podía representar una amenaza para la propia democracia. La enseñanza resulta evidente. Por eso quizá haya llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre y plantear seriamente la prohibición del islamismo político cuando se configure como una ideología organizada incompatible con nuestro orden constitucional. No significa prohibir el islam, cerrar indiscriminadamente mezquitas ni perseguir a millones de personas por su religión. Significa impedir que bajo el amparo de la libertad religiosa puedan desarrollarse estructuras que pretendan imponer una sociedad regida por normas contrarias a nuestra Constitución.

Ceuta y Melilla añaden además una particular dimensión al problema. Son las fronteras más meridionales de España y de Europa, periódicamente sometidas a extraordinarias presiones migratorias y geopolíticas, como los hechos recién acaecidos en la ciudad ceutí demuestran. Sería irresponsable identificar inmigración con islamismo, pero igualmente irresponsable sería negar que las fronteras constituyen también espacios de vulnerabilidad ante redes criminales, radicalización o infiltración. La seguridad nacional exige distinguir cada fenómeno, pero también comprender que pueden coincidir.

Europa ha confundido durante demasiado tiempo tolerancia con renuncia. La igualdad entre hombre y mujer no es negociable. La libertad de conciencia no es negociable. El derecho a abandonar una religión no es negociable. La soberanía nacional tampoco puede quedar sometida a autoridades religiosas ni a comunidades que pretendan construir dentro de nuestras sociedades un orden jurídico paralelo. España debe proteger sin vacilaciones al musulmán que quiera vivir libremente su religión y combatir con la misma firmeza al islamista que pretenda convertirla en instrumento de poder político. No existe contradicción alguna entre ambas cosas. Al contrario: defender al primero exige impedir que el segundo termine hablando en su nombre.

Fallaci pudo excederse muchas veces en sus palabras, pero comprendió antes que muchos gobernantes europeos una verdad incómoda: las sociedades libres pueden admitir culturas, religiones y convicciones muy diferentes. Lo único que no pueden conceder, en nombre de la tolerancia, es el derecho a organizar la intolerancia.