Sánchez busca el voto de quienes no le conocen

Hace algo más de un mes, el 28 de julio, el presidente del gobierno soltó una frase que pasó sin pena ni gloria: «Cuando llegue el momento, asuman el resultado de las elecciones». Dos días después se produjo la invasión de Ceuta y esas palabras se hundieron aún más en el olvido. Pero son la clave de la estrategia política de Pedro Sánchez para superar las previsiones electorales de derrota que le dan todas las encuestas. Era como decir: «No sabéis la sorpresa que os espera». Y lo hizo porque se sabía tenedor de un recurso –esperemos que no haya más– que le permitiría seguir en la Moncloa. Le traicionó el subconsciente, porque confirmó la sospecha de lo que estaba tramando para conseguir a última hora y por la puerta falsa una victoria electoral que todos consideran imposible.

Ese recurso es la manipulación de la conocida como ley de nietos, por la que se puede conceder la nacionalidad española y el derecho a voto a los nietos de exiliados tras la Guerra Civil o de quienes huyeron de España, supuestamente, por su orientación sexual.

La manipulación de esa ley pretende conceder la nacionalidad y el derecho al voto por la puerta falsa a 2,4 millones de personas, la mayoría de los cuales no descienden de exiliados políticos. Quien conozca lo que ocurrió tras la Guerra Civil, sabe que en 1939 se exilaron a Hispanoamérica entre 40.000 y 50.000 españoles, lo que supondría que cada exiliado de entonces tendría hoy 48 nietos. Y eso no se lo cree nadie. La realidad histórica es que entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX emigraron cientos de miles de españoles a Hispanoamérica huyendo de la pobreza, de los que descienden la mayoría de esos 2,4 millones.

Bastaba con estirar esa ley de nietos para tratar de favorecer a Pedro Sánchez en las elecciones de 2027. Sofia Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Puente, firmó dos instrucciones jurídicas diferentes; una el 20 de octubre de 2022, que se ceñía a lo dispuesto en la Disposición Adicional 8ª de la ley de Memoria Democrática, y otra el 25 de octubre de 2022, que abría la posibilidad de acceder a la nacionalidad española a millones de personas que descienden de emigrantes, y no de exiliados políticos. Y de esta manipulación de la ley de nietos es de donde salen los 2,4 millones de personas que han presentado en distintos consulados su petición de nacionalidad.

Con la manipulación de esta ley, el presidente trata de seducir a los descendientes de esos emigrantes con la esperanza de que le voten en las próximas elecciones, agradecidos por concederles la nacionalidad española y el pasaporte que les abre las puertas de medio mundo incluida la Unión Europea. Sánchez busca el voto de quienes no le conocen y no sufren sus decisiones porque viven a miles de kilómetros de España. Lo hace con el precedente de que en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en el último año, el PP ganó en el voto en urna, pero en el voto exterior (CERA) el ganador fue el PSOE. Esta operación tiene todas las trazas de ser un pucherazo censal, porque estaríamos ante un amaño, una trampa y un fraude. No merece otro nombre cambiar el contenido de una ley con una simple «instrucción administrativa».

Si a todo esto añadimos el perfil ético de los fieles de Sánchez con el intento de pucherazo en octubre de 2016 en las elecciones internas del PSOE colocando una urna a escondidas, la sospecha de pucherazo con la Ley de Nietos está servida.

La estrategia de Sánchez de no adelantar las elecciones generales y estirarlas hasta la fecha máxima que le permita la ley tiene, entre otros objetivos, dar tiempo para que tengan derecho a voto el mayor número de estos nuevos españoles, con la esperanza de que esa bolsa de sufragios le dé la victoria.

Pero esa estrategia ha empezado a hacer aguas. Todo iba viento en popa hasta que el martes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió la suspensión cautelar hasta que haya sentencia de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero de las personas a las que se ha otorgado la nacionalidad española por esta vía, razón por la que no podrán votar mientras esté vigente.

El motivo de esta suspensión cautelar es comprobar si las nuevas nacionalizaciones se ajustan a lo que dice la ley de Memoria Democrática –solo exiliados– o al coladero que ha permitido la instrucción jurídica de la señora Puente. Es importante que la sentencia se emita antes de las elecciones para evitar que critiquen a los jueces por supuesta injerencia electoral. Pero habida cuenta de que la suspensión cautelar ha tenido el apoyo de cinco de los seis magistrados de la Sala, no hay que descartar que la sentencia pudiera declarar ilegal esa instrucción y reconozca la nacionalidad y el derecho al voto solo a los descendientes de exiliados.

El frenazo del Supremo al intento de pucherazo ha dejado con el alma en vilo al presidente porque unos millones de votos con los que contaba están ahora en el aire.

Pero todo esto deja una pregunta inquietante: ¿Cómo es posible que hayan pasado más de tres años sin que nadie advirtiera de una manipulación legal de esa envergadura hasta que Isabel Durán lo desveló en El Debate?