Ultraizquierda e izquierda radicalizada contra democracia y libertad

La radicalización de las izquierdas en las democracias es innegable, aunque la polarización se alimente también de algunas derechas radicalizadas. Pero hay una diferencia de fondo. La derecha democrática europea —democristianos, liberales y conservadores— siempre ha abominado de la extrema derecha, del fascismo y del nazismo. No puede decirse lo mismo de no pocos partidos de la izquierda europea.

Hubo un tiempo en que sí lo hizo. La socialdemocracia de posguerra, con el SPD alemán al frente, renunció en 1959, en el congreso de Bad Godesberg, al marxismo y a cualquier contacto con el comunismo. Aceptó la democracia parlamentaria y la economía de mercado. La inmensa mayoría de los partidos socialdemócratas de Europa y del mundo son dignos herederos de esa tradición y se cuentan entre los primeros defensores de la democracia, las libertades y el libre mercado. Otros no, como el actual PSOE.

En Estados Unidos era impensable que la extrema izquierda entrase en las instituciones. Sin embargo, el ala izquierda del Partido Demócrata ha sufrido la incursión, primero silenciosa y después muy gritona, de los Democratic Socialists of America (Socialistas Democráticos de América). Es el grupo de las tres mentiras: no son demócratas, porque quien es de extrema izquierda no lo es; no son socialistas, sino marxistas o neocomunistas, y lo último que les importa es América.

En Europa, algunas izquierdas tienen en la cabeza la agenda y el método chavistas: ocupar las instituciones y desautorizar las que no consiguen controlar. Empiezan por el Parlamento. Siguen por los árbitros: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Después, al poder judicial, empezando por una Fiscalía cuya autonomía no respetan. El fiscal general ya no es un ministro más, sino uno de los activistas más feroces del Gobierno, como demostró la condena de Álvaro García Ortiz. Sin olvidar la colonización del Tribunal Constitucional, el control del CIS o el intento de someter y controlar a la Policía, a la inteligencia y a la Guardia Civil.

Si ni así garantizan su continuidad, recurren a la trampa que sea. La «ley de nietos» ha nacionalizado por la puerta de atrás a personas sin vínculo real con España, esperando cobrarse su gratitud en votos. El Supremo ha suspendido el voto de 163.020 de ellas, y un juzgado de Madrid ha abierto diligencias por presunta prevaricación contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que firmó la instrucción como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y es hoy secretaria general de Innovación en la Justicia.

Europa sufre, además, una violencia extrema que se produce en capas.

Primera: la de los vándalos sin más ideología que la barbarie. No hay ideología en el saqueo de las tiendas de lujo de Burdeos. Cuando entraron en librerías de Grenoble, París o Nantes, no fue para leer, sino para destrozarlas. El incendio del ayuntamiento de Limoges y el asalto a los de Marsella y Lyon dibujan un panorama desolador.

Segunda: la de la extrema izquierda más brutal, que ha tratado de incitar, dirigir y aprovechar esta ola de violencia, que nada tiene de espontánea. Es la misma que solo se une en la oposición y, cuando gobierna, se destroza a bofetadas. Las protestas por el coste de la vida o los servicios públicos pueden ser legítimas; la barbarie y el crimen organizado, nunca. Digámoslo claro: son terroristas callejeros. Su responsabilidad patrimonial debe llegar hasta el final, como cuando España hizo pagar a las familias los destrozos de la kale borroka.

Tercera: la de la izquierda radical y radicalizada, que son dos cosas distintas. Por un lado, comunistas, anarquistas, maoístas o marxistas-leninistas; por otro, socialdemócratas convertidos hoy en extrema izquierda, como el PSOE. Lejos de condenar estos crímenes, los alientan, los justifican o los toleran. En Francia lo hemos visto con las declaraciones vomitivas de La France insoumise y de Jean-Luc Mélenchon, que solo culpa al Gobierno. En España, con la actitud igualmente inaceptable del Gobierno social-comunista, cuyos ministros animan a seguir movilizados a los acampados ilegales de la Puerta del Sol, esos «porroflautas», como los llama Carlos Herrera. La insalubridad, las pérdidas de los comerciantes, el acoso a viandantes y el escrache intolerable sufrido el 19 de octubre por la presidenta de la Comunidad de Madrid demuestran algo muy grave.

A ello se suma una huelga general disparatada, absurda y única en Europa. CC.OO. y UGT la acordaron el día en que Sánchez convocó las elecciones y la harán el 11 de noviembre, junto a entidades fantasmagóricas como el Sindicato de Inquilinas. Es una huelga política, que el propio Gobierno presenta como «contra la oposición», cuando el fracaso es suyo: la vivienda, que con Rajoy nunca superó el 6% en el barómetro del CIS, es hoy el primer problema de los españoles, con un récord del 55,7 %. La convocan unos sindicatos paniaguados, de fuerza cada vez menor, que viven de las arcas públicas: las subvenciones de Trabajo se han multiplicado por 3,6 desde 2020, hasta 32 millones en 2025.

Si la izquierda radicalizada no consigue el poder en las elecciones, va a desacreditar y deslegitimar el sistema y el propio proceso electoral, y a atacar la estabilidad y la legitimidad de las instituciones democráticas por todos los medios a su alcance. Lo hará también desde dentro de las instituciones en las que se sienta, negando la legitimidad de quien gobierne. Es una crisis institucional y democrática de dimensiones históricas.

Ronald Reagan advirtió en 1967 que la libertad nunca está a más de una generación de su extinción. No nos jugamos solo unas elecciones ni los próximos cuatro años. Nos jugamos la democracia y la libertad de hoy, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos.