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20 de julio de 2024

tribunaEduardo Coca Vita

El plácido climaterio de Magdalena Valerio

Cuando El Debate preparaba la publicación de este artículo, remitido ayer a la sección de Opinión, los medios divulgaban la anulación por el Supremo del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, siendo lo cierto que el autor ni siquiera sabía que estuviese impugnado

Actualizada 01:31

Hace poco me ocupé de la pérfida ministra de Defensa, más política que jurista, quien de margarita blanco y oro mutó a clavel verde y grana, exponente del espíritu militar con que oficia en las fuerzas armadas su papado laico o el supremo mando civil, como yo gusto decir y a ella la hace perdidamente feliz.

Hoy me meteré con otra pájara eclosionada de las últimas puestas incubadas por el macho alfa Perico Palote y a la que voy a aplicar el nombre de la especie cuco moñón («cuca moñona», para complacer su «inclusivismo» desautorizado por la RAE). Un símil que le viene al pelo –o a la pluma–, pues son aves sin nido que ponen el huevo en el de urracas que les sacan el polluelo y lo prohíjan hasta hacerlo volandero sin coscarse del engaño, mientras ella en el Consejo de Estado, que no es ministerio, tiene rango de ministra, con acumulación de prebendas en el desarrollo de una cómoda inutilidad, razón para introducir en el título de mi artículo el término «climaterio», no en sentido biológico de esterilidad, sino en el metafórico de improductividad.

No tengo el gusto de conocerla en persona de lejos o cerca. Tampoco le he leído nada de ciencia jurídica, menos aún especializada en derecho administrativo o constitucional, ni le he oído alguna frase con sustancia sobre otra rama del derecho. Pero es la presidenta del Consejo de Estado, haciéndose precisas unas citas legales que nos sitúen.

Contemplado en el artículo 107 de la Constitución como «supremo órgano consultivo del Gobierno», la Ley 3/1980, de 22 de abril, atribuye a ese organismo total autonomía orgánica y funcional que garanticen su objetividad e independencia conforme a la Constitución y las leyes por las que debe velar. Nombrar al presidente compete al Consejo de Ministros, pero, ojo, «entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado».

El Consejo de Estado, creado en 1526 por Carlos I, era presidido por el Rey –o el presidente del Gobierno en la monarquía constitucional–, independizándose su funcionamiento en 1858, con setenta y tres presidentes habidos hasta hoy, de los que solo interesa mencionar los de la presente democracia.

Felipe nombró tres: Hernández Gil, catedrático de Derecho Civil presidente del Supremo (1982-85), Tomás de la Quadra, catedrático de Derecho Administrativo (1985-91) y Fernando Ledesma, magistrado del Supremo (1991-96). Aznar nombró a Íñigo Cavero, catedrático emérito de Universidad (1996-02) y a Romay, letrado del propio Consejo (2003-04). Zapatero tuvo solo a Rubio Llorente, letrado de Cortes y catedrático de Derecho Constitucional (2004-12). Rajoy designó de nuevo a Romay (2012-18). Pedro, decantado por las mujeres, ponderó la condición política de la exvicepresidenta De la Vega (2018-22), magistrada del cuarto turno procedente del secretariado judicial, y tuvo totalmente en cuenta la trayectoria política al escoger a la actual Valerio: una monda y lironda licenciada en Derecho y modesta funcionaria de Seguridad Social, desvestida de brillo jurídico, pero con entusiástico discurrir militante.

La asignación de esta regalía a Magdalena es el paradigma de nombramientos sin fundamento para tareas exigidas legalmente de un historial jurídico macizo, del que carece la agraciada según yo extraigo de internet, ajeno como soy a los errores u omisiones que las páginas consultadas alberguen.

Como mi espacio queda limitado y debo condensar, aclaro que esta cacereña nacida en 1959 se licenció en Derecho en 1985 a la no precoz edad de 26 tacos, colaborando pronto con el Centro ADAMS de preparación de opositores (1986-90).

Su trabajo profesional en lo público resulta breve y secundario. Hacia 1991 accedió al cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo del INEM, encuadrados en el grupo B y para cuyo ingreso bastaba título medio, no siendo sus integrantes funcionarios directivos o especiales exigidos del grado superior.

Superadas las pruebas, fue jefa de Negociado de Personal en el Inserso de Guadalajara (1991-94) y subdirectora de Gestión Económica Administrativa y secretaria provincial en el Insalud de igual provincia (1994-99). Tras un largo lapso de entrega política que luego detallo, entre enero de 2016 y junio de 2018 desempeñó como funcionaria la secretaría de la Delegación de la Consejería de Fomento en Guadalajara.

Entre 2000 y 2005 fue concejala de Economía, Hacienda, Patrimonio y Participación en el ayuntamiento guadalajareño, haciendo de teniente de alcalde y portavoz, compatibles con regir desde 2003 la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Lanzada a un ya frenético maratón político, la nombran en Castilla-La Mancha consejera de Trabajo y Empleo (2005-07), Turismo y Artesanía (2007-08) y Administraciones Públicas y Justicia (2008-10), actuando como delegada provincial de la Junta en 2010-11, algo que también hizo entre 1999 y 2003.

Sin parar de politiquear, en las autonómicas de 2007 y 2010 encabeza las lista del PSOE por Guadalajara y logra escaños en las Cortes Regionales, siendo finalmente diputada del Congreso en las legislaturas X (2011-16), XIII (2019) y XIV (2020-22). Todo ello debió deslumbrar al presidente más frívolo de la democracia que en junio de 2018 le da la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hasta enero de 2020, cuando asume la presidencia de la Comisión del Pacto de Toledo, para en octubre de 2022 suceder en el Consejo de Estado a la dimisionaria por conveniencia Fernández de la Vega.

¿Dónde está la jurista «de prestigio» legalmente exigida para un cometido tradicionalmente encargado a reconocidos jurisconsultos de la Administración, Universidad, Magistratura, Diplomacia, Cortes o propio Consejo? Valerio representa aún menos que su antecesora María Teresa, primera fémina en el puesto de marras, pero también buena «cuca moñona» que, en 2022, temiendo su cese tras una derrota electoral, negoció con el indecoroso jefe la dimisión y cambio a consejera permanente «hasta que la muerte la separe del estrado y del habilitado».

El diccionario reenvía «cuquería» a «taimería», equivalente a ‘picardía, astucia’, vocablos definitorios de las artimañas oportunistas de los listos sin escrúpulos andando por la vida.

  • Eduardo Coca Vita es administrador civil del Estado jubilado
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