Una mayoría del pueblo español declara persona 'non grata' al presidente Sánchez

Pedro Sánchez ha conseguido algo inédito en la historia reciente de Europa: convertirse en un presidente sistemáticamente silbado, increpado y rechazado allá por donde pisa por su propia ciudadanía. No hay autonomía, ciudad o pueblo –salvo el blindaje de ciertos recintos institucionales– donde pueda caminar tranquilo o recibir el aliento sincero de la calle. Su figura no genera respeto ni admiración, sino hartazgo, rechazo y desafección. Ha cruzado la barrera de la impopularidad para instalarse directamente en el descrédito.

Allí donde acude, le reciben con caceroladas, pancartas y gritos. En Ferraz, en Valladolid, en Valencia, en Cádiz, en Toledo, en Bilbao, en las plazas de toros, o en cualquier aldea con sentido común. No se trata ya de manifestaciones organizadas o protestas de partidos adversarios, sino de algo más profundo: una expresión transversal del descontento. Jubilados, madres con carrito, jóvenes sin militancia y votantes desencantados coinciden en algo esencial: el presidente ya no representa a la mayoría social. Se ha convertido en una figura tóxica y de desprestigio, sin referencia moral alguna, no solo para la oposición, sino para su propio país. El término diplomático de persona non grata, que se reserva a figuras rechazadas oficialmente, bien sea por instituciones nacionales como extranjeras, se le aplica ahora de forma espontánea por la nación que preside. Y no por decreto, sino por clamor apabullante.

Sánchez no es recibido. Es tolerado con resignación por los dispositivos policiales. Escondido entre cordones de seguridad, parapetado tras vallas, protegido por escoltas que ya no escoltan a un estadista, sino a un rehén de su propio poder. No pisa la calle, la sortea. No dialoga con la gente, se refugia en declaraciones vacías. Ha perdido el pulso popular y, con él, la legitimidad moral para seguir hablando en nombre del conjunto de los españoles.

Peor aún: sus propios socios de Gobierno –esos que se reparten ministerios y favores con él– lo desmienten, lo corrigen o simplemente lo ignoran. Y no por error, sino por estrategia. A diferencia de otros consejos de ministros, donde la unidad se muestra como fortaleza, en este órgano ejecutivo su colegialidad brilla por su ausencia. Todos le exigen, ninguno le respeta. Está atrapado en una geometría variable de cesiones sin contrapartidas y alianzas sin afecto.

El presidente es una mentira en su propia sustancialidad y esencia, es vituperado por la propia nación y está bajo sospecha de otras naciones. Más allá de la imagen pública, hay un dato insoslayable: su entorno político más inmediato está siendo investigado por la justicia. No solo en la esfera de lo mediático: están en la esfera penal. Citaciones judiciales, procedimientos abiertos, imputaciones formales. Un cerco legal cada vez más estrecho que tiñe de sospecha su permanencia en La Moncloa.

Aun así, resiste, enfangado en su propia ignominia. Lo ha dicho muchas veces. Su verbo preferido no es gobernar, servir o representar. Es resistir. Pero resistir, ¿a qué y para qué? ¿A la voluntad popular, a la justicia, a los principios democráticos? La resistencia, cuando se convierte en un fin en sí misma, ya no es virtud: es obcecación o huida hacia adelante. El poder, cuando se ejerce contra el juicio generalizado de los ciudadanos, deja de ser mandato democrático y se convierte en una anomalía y le ilegitima para el ejercicio del poder.

«Con o sin Parlamento, con o sin presupuesto» Sánchez gobierna –sí–, pero sin afecto popular, sin coherencia interna y sin credibilidad exterior. En Europa ya no le miran como a un referente, sino como a un caso peculiar y hasta peligroso. Mientras otros líderes buscan pactos de Estado, reconstruyen consensos o dialogan con la sociedad civil, Sánchez amuralla su figura y transforma cada intervención pública en un monólogo. Su estrategia es clara: mantenerse en pie a cualquier precio. Pero el precio lo paga España: en institucionalidad, cohesión social y reputación internacional.

Porque no es solo un presidente impopular. Es un presidente rechazado. Aislado en sus apariciones, obligado a esconder sus agendas, rodeado de abucheos espontáneos, incluso en actos festivos, culturales o deportivos. No hay protocolo que lo salve de la reprobación callejera. Y eso es nuevo. Ninguno de sus antecesores vivió una distancia tan palmaria entre el poder que ejercen y la legitimidad simbólica y suprema que se desprende del respeto popular.

Quizá por eso, el término persona non grata no sea una exageración. Es, en el fondo, la categoría más ajustada al sentimiento de la mayor parte. No lo han declarado formalmente los parlamentos autonómicos –aunque algunos ayuntamientos se han atrevido–, pero lo han proclamado millones de voces en balcones, plazas y redes sociales. No por odio, sino por decepción. No por crispación, sino por hartazgo y cohesión social.

Sánchez es el primer presidente de la democracia española que ha conseguido perder la calle, el respeto, la unidad interna y la confianza judicial en un mismo mandato. Y sigue. Pero ya no representa a la nación. La preside, sí. Pero la nación –la real, la que respira en cada provincia, la que vota y paga impuestos, la que sueña y protesta— ya le ha dado la espalda. No necesita mociones de censura ni informes del CIS. Basta salir a la calle para constatarlo: el presidente Sánchez es un gobernante en retirada, un huésped incómodo en su propia patria.

Una persona non grata por clamor popular y su retirada es una cuestión de dignidad para el órgano que representa.

Íñigo Castellano y Barón es Conde de Fuenclara