Cuando Peces-Barba advertía contra las concentraciones ante el Congreso

Siendo entonces presidente del Congreso de los Diputados, en 1983, Gregorio Peces-Barba se mostró firmemente contrario a las manifestaciones frente a la Cámara donde reside la soberanía nacional. Y llegó a decir que era precisamente el único lugar donde no cabían este tipo de concentraciones, con independencia de su motivo y organización. Luego de varias concentraciones ante el Congreso, bastante menores de las de ahora, el 7 de octubre de 1983 advirtió que era preciso hacer cumplir la normativa vigente y el sentido común para proteger la sede de la carrera de San Jerónimo. Insistía en que ya existía una ley que protegía la estabilidad de la sede de la soberanía nacional y que el conjunto de los diputados que representaban al total de la nación no podían ser objeto de coacción alguna por una minoría, por numerosa que fuera.

El asunto ha ido a peor en la misma medida que se ha ido rebajando el nivel de la Presidencia de la cámara desde que dejó de ostentarla aquel ilustre constitucionalista. Ese tipo de manifestaciones tienen otros muchos lugares donde celebrarse, sin el mensaje equívoco que los que gritan e insultan fuera traten de influir en los de dentro, que de eso se trata, como es evidente y estos días se produce.

Aparte de este aspecto, estos días asistimos con perplejidad a la práctica de acción de un gobierno que «funciona por oleadas»; es decir, sobre la marcha. Y a ver qué sale. Si se hubieran ejecutado todas las promesas y anuncios públicos de las viviendas que iba a construir el de Pedro Sánchez se rebasarían las 600 mil. Cierto que el problema de la vivienda es el más grave que afecta y desalienta a millones de españoles, por lo que, se supone, debería haber sido, en estos ocho años de gobierno de la organización que sigue usando las siglas PSOE, dirigida por Sánchez realmente una prioridad. Y en contra de eso, resulta ahora que se manda un mensaje a las clases medias, que son la base de un Estado moderno, de que poco menos que «la propiedad es un crimen», y que van a por ellos.

La realidad es que la inmensa mayoría de los tenedores (fórmula usada para eludir la palabra propietarios) son particulares, más del 90 por ciento del total, personas comunes que han invertido sus ahorros en un piso para alquilarlo o tenerlo en reserva para su uso familiar. Los precios de la vivienda forman parte del conjunto de los efectos de la situación económica y de los propios efectos de las políticas del Gobierno. En un Estado de derecho existen procedimientos normales para proceder contra aquellas personas que dejan de abonar una renta de alquiler de un piso o simplemente lo ocupan por las bravas, en tanto sus propietarios siguen asumiendo los gastos ordinarios de su mantenimiento.

Es evidente que los poderes públicos deben disponer de mecanismos adecuados para solventar determinadas situaciones extremas para no dejar en el desamparo a las personas vulnerables (que no siempre lo son). ¿Cuál es la solución, pues echar la carga sobre las espaldas de los propios particulares, con medidas como las que preveían los dos famosos decretos-ley que acaban de ser no refrendados por la mayoría del Congreso de los Diputados? La generalización de la expresión «fondos buitre»), atribuida a toda legítima empresa inmobiliaria, como la modesta que alquilaba el piso a la señora, cuyo desahucio es el origen del actual conflicto, es un recurso facilón para desviar la atención del fondo verdadero del problema. Porque una cosa es que se regularice y actúe con eficacia contra la actividad de esos fondos y las de los pisos turísticos, y otra bien distinta diseñar medidas que van contra otros sectores de la sociedad, el legítimo derecho a la propiedad y al uso de los propios ahorros.

Alguna de las medidas que el Congreso no ha refrendado por mayoría iban a tener, como ya han advertido rigurosos analistas, efectos contraproducentes sobre el propio mercado de alquiler. Muchos propietarios, castigados preventivamente como si ellos tuvieran la culpa de todo, ante el riesgo de quedar sujetos a graves penalizaciones venideras o aceptar que su propiedad quedara en entredicho de por vida retirarían sus pisos del mercado como mal menor. Claro que caben las expropiaciones con carácter general, como proponen los acampados en la Puerta del Sol. No sé si eso preocuparía a los miembros del gobierno, miembros del PSOE y afines diversos conocidos que sí son tenedores de varias viviendas o si quedarían exentos también.

Lo más curioso de todo esto, es que el asunto de la señora Maricarmen se pudiera usar como recurso para el cambio de paradigma para que el doctor Sánchez sacara provecho. Porque mientras sigue el deterioro de la vida civil en Ceuta, con incierta perspectiva de solución, y otra serie de agobios lo cercan con funciones en el ámbito judicial, con los que fueron hombres de confianza (a los que no conocía en la cárcel) en la cárcel o procesados y con enredos como los lances de Leire Díez y compañía (otra desconocida), etc, etc., ahora el único asunto donde centrar la propaganda venidera será cumplir aquella promesa de que se acabaron los desahucios para siempre. Porque la culpa de todo, como ha dicho la ministra de Vivienda en el Congreso, es de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP.

Es curiosa esa imagen de tipos y tipas que no tienen pinta de haber trabajado en su vida llamando a la huelga general. A ellos poco les va a afectar.