Democracia pervertida

Más allá de la batalla nominalista para encontrar el término idóneo que mejor explique el proceso de destrucción o degradación de nuestro sistema democrático de 1978, me ha parecido adecuado el adjetivo «pervertida», aunque también podría utilizarse, con la misma fuerza, la voz «malversada».

En ambos casos, indiferentemente, el significado de esos términos trasluce bien la idea que queremos transmitir. En efecto, «pervertida» significa que se ha hecho malo algo (el sistema político) o que deliberadamente se ha corrompido el orden de las cosas (nuestra democracia). De otro lado, democracia «malversada» refleja también, con absoluta corrección, la idea que se desea comunicar. Democracia malversada significaría que el jefe del Ejecutivo, responsable de la salud del sistema político español, lo habría desviado a un uso distinto del previsto en el texto constitucional vigente. Que la persona que ostenta el cargo de presidente del Gobierno se habría apropiado indebidamente del modelo de democracia parlamentaria deformándola, pervirtiéndola.

Tengo para mí que esto último es lo que ha sucedido con el actual modelo español de democracia parlamentaria. La psicología personal del jefe del Ejecutivo, su soberbia, su ambición de poder, su indisimulada finalidad de disfrute del ejercicio del cargo, rasgos autocráticos todos ellos, y las singulares componendas políticas gracias a las que pudo acceder a su investidura, explican en buena parte la perversión que el político ha ejecutado sobre la democracia constitucional española.

Para mantenerse en equilibrio tan imposible, sin mayoría parlamentaria, Sánchez ha puesto en práctica un sinfín de veleidades, artimañas, trilerismos y ataques a los otros poderes del Estado, a los principios y reglas del Estado de Derecho y, con su peculiar manera de entender el ejercicio del poder en una democracia (sanchismo), ha manoseado toda institución democrática, empezando por aquellas, propias de un Estado democrático de Derecho. a las que se les encomienda el control de la acción del Gobierno. De esa heterodoxa manera se ha asegurado una posición política preeminente.

Con la perspectiva que dan más de ocho años de ejercicio arbitrario del poder, podemos afirmar que Sánchez (junto a sus aliados) ha venido erosionando el modelo constitucional recibido de la Transición, de manera que su modus agendi no se ha ceñido al cumplimiento exacto y respetuoso de la Constitución. Por el contrario, ha adulterado los mecanismos constitucionales, ha abusado de las instituciones jurídico-públicas en su provecho personal y/o partidista, como es la figura excepcional del Decreto-Ley, que él ha convertido, espuriamente, en legislación ordinaria. En general, ha contravenido las lecciones que cualquier estudiante de Derecho aprende tempranamente y asume que ha de respetar.

Sánchez ha aflojado las tuercas y mecanismos del Estado democrático de Derecho sin que tan censurable conducta le haya suscitado responsabilidad ni despertado conciencia del daño inferido. No le importa el país. Ahí está Ceuta cronificada y sus vacaciones, lo primero. Él nunca tiene culpa ni responde por nada. Le estorban las Cortes Generales. Las desprecia. Prescinde del Parlamento, o, simplemente, no acude, como hace con el Senado. Si los Tribunales de Justicia hacen su trabajo y encausan a alguien de su familia o de su partido, el rechazo es agrio y virulento. Pareciera que, para cumplir sus inconfesables planes, le estorbara la Constitución, la Ley y la Judicatura. Se lleva mal con esta tríada.

La herencia que este personaje va a dejar a los políticos y gobernantes venideros es terrorífica: utilización fraudulenta de las proposiciones de Ley; toda una Legislatura sin Presupuestos Generales del Estado; cuatro años sin Debate de la Nación; colisión con los otros poderes del Estado ¡incluyendo la jefatura del Estado!; utilización bastarda de instituciones al servicio del Estado como la Fiscalía o la Abogacía del Estado; un Tribunal Constitucional que ya no es árbitro fiable; un asalto al censo electoral a través de una Disposición Adicional de la Ley de Memoria Democrática, esa norma que distingue —¡en 2022!— entre buenos y malos españoles; supresión de tipos delictivos del Código Penal; concesión de amnistías e indultos contra el criterio del Tribunal sentenciador; desequilibrios territoriales a conveniencia de políticos secesionistas; el cuestionamiento del derecho de propiedad…

Es una lista —no exhaustiva— de los disparates, de las inmoralidades, que viene cometiendo la sediciente Coalición ‘progresista’. Sin sanción alguna. Gobierno orgulloso de cometer tales desafueros contra un sistema político democrático que los españoles, esforzadamente, levantamos tras cuatro décadas de autoritarismo franquista.

Hay que enfatizar que los españoles del último cuarto del siglo pasado no hicimos la Transición para esto. Los españoles hicimos la Transición para recobrar la libertad y los derechos fundamentales. Para ser respetados por los poderes públicos bajo una democracia plena y no manchada con continuos escándalos del peor jaez. Sí, la democracia de 1978 ha sido pervertida y burlada.