La que fuera minista de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, espera a ser la próxima embajadora de España en el Vaticano
El Gobierno aprueba el nombramiento de Celaá como embajadora de España ante el Vaticano
La Conferencia Episcopal Española había mostrado su «extrañeza» y «sorpresa» por este nombramiento, y que no se hubiera cuidado «la discreción habitual»
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el decreto por el que se nombra a la exministra de Educación Isabel Celaá, como embajadora de España ante el Vaticano.
Fuentes del Ejecutivo ya habían confirmado el pasado mes de diciembre la intención del Ejecutivo de llevar a cabo este nombramiento, que estaba pendiente del placet del Vaticano.
Celaá sustituiría así a Carmen de la Peña Corcuera que desde noviembre de 2018 ocupa el cargo diplomático en el Vaticano. La exministra salió del Ejecutivo en la última remodelación de julio y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Entrevista al secretario general de la conferencia episcopal
Luis Argüello: «Nos llama la atención que con Celaá no se haya cuidado la discreción habitual»
Celaá, `enfrentada´ a la concertada
Durante su etapa al frente del Ministerio de Educación, Isabel Celaá llevó a cabo el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida como ley Celaá por sus marcadas implicaciones ideológicas. Ley que ha llevado a la escuela católica a repensar el currículo de la asignatura para adaptarla a los nuevos parámetros fijados por la entonces ministra.
La nueva ley de Educación atenta directamente contra la educación concertada católica. El texto elimina el concepto de «demanda social» a la hora de establecer las plazas en estos centros y deja la toma de decisión en manos de las administraciones públicas. Literalmente serán estas las que regulen «la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados».
Meses más tarde, enfrascados en el debate sobre el «pin parental», la entonces ministra aseguró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres».
Además de su actitud contra la educación concertada, en su mayoría dependiente de instituciones católicas, la recién nombrada por parte del Gobierno como embajadora ante la Santa Sede, ya había legislado de forma contraria a la Religión en el aula.
«Extrañeza» entre los obispos
Precisamente, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, compartió la «extrañeza» y «sorpresa» que había generado este nombramiento para la Santa Sede y el modo en el que había tenido lugar. «Nos llama la atención que, en esa misma práctica de relación entre los Estados, no se haya cuidado la discreción habitual que se suele mantener en estas gestiones para poder obtener el plácet», decía el secretario de la CEE. «En este sentido –proseguía Argüello–, trasladamos nuestra extrañeza por cómo se ha hecho pública esta propuesta, que el Gobierno de España no ha hecho pública, sino que parece que ha sido una filtración». Hasta el día de hoy, donde queda confirmado por decreto el nombramiento tras la última reunión del consejo de ministros. En cualquier caso, la voz de los obispos españoles declaró que espera «que los asuntos que puedan estar pendientes o las relaciones habituales entre la Santa Sede y el Reino de España sean abordadas de la mejor manera posible.
A pesar de su posicionamiento, la exministra Celaá, nombrada representante española ante la Santa Sede, cuenta con una formación cristiana. Estudió en el Sagrado Corazón de Bilbao, colegio concertado y católico. Además, la que fuera responsable de la cartera de Educación ha optado por este tipo de centro para la formación de sus hijas, en concreto, Las Irlandesas de Leioa
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