La Iglesia y el Gobierno firman este lunes un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales

La Iglesia católica da un nuevo paso en su compromiso con las víctimas de abusos sexuales, incluso con aquellos a los que legalmente no está obligada a compensar por haber prescrito los delitos o haber fallecido los agresores.

Después de que el pasado mes de enero la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Gobierno a través del ministerio de Presidencia suscribiesen un acuerdo para acordar el modo de reparar a las víctimas para las que ya no fuese posible acceder a la vía judicial, este lunes 30 de marzo vuelven a rubricar un protocolo de actuación conjunta.

Así lo ha difundido el Defensor del Pueblo este mismo Domingo de Ramos en un mensaje en la red social X, en el que ha mencionado tanto a la CEE como a la Confer y al propio ministerio regido por Félix Bolaños.

La firma de este nuevo acuerdo viene a establecer las medidas concretas que obispos, religiosos y el Ejecutivo se comprometieron a estudiar en enero, con la creación de una vía a través de la propuesta que llevase a cabo el Defensor del Pueblo.

Y con ella, la Iglesia se convertirá en la única entidad en España, por encima incluso del propio Estado (en casos, por ejemplo, de abusos cometidos por funcionarios públicos como profesores o médicos), que compensará a las víctimas de abusos cometidos en su seno, aun cuando legalmente no esté obligada a hacerlo.

Un mecanismo altamente garantista

El nuevo mecanismo de reparación, tal y como detallaron en el acuerdo de enero, es altamente garantista gracias a la creación de distintos filtros de revisión y el estudio de cada caso concreto.

Así, prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «que dispondrá de los medios y recursos necesarios para su funcionamiento» y que será la encargada de la recepción de solicitudes, la comunicación entre las partes o la notificación de las propuestas.

Una vez que las víctimas inicien el proceso, esa unidad específica trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que hará una revisión individualizada de cada caso, y según lo que solicite la víctima, llevará a cabo una propuesta de reparación, que podrás ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, según lo que la víctima reclame.

La reparación podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, según lo reclame la víctima.

Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia, prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso, que la evaluará y emitirá un informe.

Si hay conformidad de las partes (es decir, entre la Iglesia y la víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo.

La Iglesia responderá ante la víctima

Pero, si hubiera disconformidad de alguna de las partes con la propuesta, se convocará una Comisión Mixta, siempre con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.

En caso de que continuara la disconformidad, será el Defensor del Pueblo quien adopte una resolución definitiva.

La satisfacción de las víctimas correrá a cargo de la Iglesia católica, bien a través de las diócesis -en caso de que el abusador hubiese sido un miembro del clero diocesano, o un laico incardinado en la diócesis, como por ejemplo un catequista-, o de los institutos, órdenes y congregaciones religiosas, si el agresor o sus encubridores formaran parte de ella (por ejemplo, en un noviciado o en un colegio religioso).

En el caso de que no pudieran hacerlo las diócesis, o las entidades religiosas, sería la CEE y la Confer quienes garantizarán el cumplimiento de esa restauración.