08 de diciembre de 2021

Varias prostitutas descansan juntas en un burdel, en una imagen de archivo

Varias prostitutas descansan juntas en un burdel, en una imagen de archivoGTRESONLINE

Sociedad

Las asociaciones contra la trata, sobre la promesa de abolir la prostitución: «Lo llevamos años pidiendo»

Respaldan el compromiso de Sánchez de castigar todos los tipos de proxenetismo como medida crucial para acabar con la explotación
La promesa no es nueva, pero fue acogida con entusiasmo por la opinión pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado domingo, durante el discurso de clausura del 40º Congreso del PSOE, a abolir la prostitución en España. La iniciativa, cuya aprobación se ha fijado para la presente legislatura, planteará por primera vez sancionar a los consumidores, ya sean particulares, terceros o locales que se beneficien de ello.
Pese a que el proxenetismo es actualmente ilegal en España, la prostitución no cuenta con un marco regulatorio nacional, sino que son las propias autonomías las que elaboran sus propios ordenamientos. En este contexto, han sido varios los gobiernos que han prometido poner fin a esta actividad, pero lo cierto es que nuestro país es, según cifras de Naciones Unidas, el primero a nivel europeo y el tercero a nivel mundial con un índice más alto de demanda.
La rúbrica de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 puso por primera vez sobre el papel la creación de una ley integral de lucha contra la trata, que fue invocada por Sánchez en su discurso del domingo. Una iniciativa que ha sido recibida de manera positiva por parte de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).
«Queremos, y eso es lo que llevamos años reivindicando, que la persecución de toda forma de proxenetismo sea una herramienta clave para frenar la esclavitud de las mujeres y las niñas. Se trata de acometer un abordaje claro contra el demandante del sexo de pago. Si no hay demanda, las mafias no se van a poder articular ni van a seguir trayendo mujeres en situación de vulnerabilidad, como hacen», defiende Rocío Mora, directora de la entidad. 
«No es nada que no hayamos pedido ya antes», reitera la responsable, cuya organización brinda atención a una media de 280 mujeres al día, de las cuales 15 acaban llegando a centros de acogida en los que un equipo multidisciplinar pone en marcha un proceso de atención sanitaria y jurídica y diseña un plan de ayuda para ofrecerles una alternativa.

España es, según cifras de Naciones Unidas, el tercer país a nivel mundial con más demanda de sexo de pago

Un total de 415 personas fueron registradas como víctimas de explotación sexual en España en 2020, según un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. La cifra fue sustancialmente menor a las 644 del año anterior, pero muy similar a la anotada en 2016 –443–, el primero de la serie que abarca el informe. La mejora, asimismo, fue también notable en el número de personas en situación de riesgo de explotación, que ha ido disminuyendo año tras año y ha terminado por pasar de 12.419 en 2016 a 3.867 en 2020.
En el mismo sentir de Mora se manifiesta Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, quien valora favorablemente que «desde el más alto nivel se ponga en abierto y se tome en cuenta esta circunstancia».
Vicente, que recuerda que las redes de trata se aprovechan de personas en situación de pobreza a quienes engañan mediante ardides para venir a España con la promesa de un futuro muy distinto al que finalmente encuentran, advierte también de que «cada vez se busca un perfil más infantil, lo que es vergonzante».

Prostitutas por propia voluntad

Tanto ella como Mora no eluden referirse a las mujeres dedicadas a la prostitución por voluntad propia, pero subrayan que se trata de un porcentaje ínfimo –de en torno al 1%, según la presidenta de la APRAMP– que no debe invisibilizar la realidad de los cientos de mujeres que caen en las garras de las mafias.
A la hora de poner otros países como modelo en términos abolicionistas, Mora lo tiene claro: Francia, Noruega y Suecia. Países que, al igual que pretende ahora el Gobierno, penalizan tanto al demandante como al proxeneta. Un espejo en el que España tendrá que mirarse si quiere poner fin a una lacra que mueve hasta 1.800 millones de euros en nuestro país, según datos de 2019 de Médicos Sin Fronteras.

La postura de la Iglesia

El papel de la Iglesia en la lucha contra la explotación resulta fundamental a través del trabajo social emprendido por Cáritas, que brinda ayuda a las mujeres que han sido víctima de las mafias. Para el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, la Iglesia desenmascara esta esclavitud «al señalar con el dedo al cliente, principal responsable de esta situación, a cuyo servicio trabaja toda la red de explotación sexual».

En este sentido, el obispo recalca la «necesidad de ofrecer salidas laborales y formativas a las víctimas» y de «educar desde pequeños a los hijos para que vean a las mujeres con respeto y no como objeto sexual», una cuestión en la que también incide la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, quien insiste en «poner mirada en la educación afectiva y las relaciones de respeto en igualdad, porque la prostitución está muy lejos de eso».
Se trata de una postura parecida a la que mantiene el principal partido de la oposición, que lamenta que «este Gobierno lleve tres años de retraso», y reclama, en este sentido, una ley que «establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas», según indican fuentes del Partido Popular a El Debate. 
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