Prostitutas, en un local de alterne
Las prostitutas se preparan para la clandestinidad ante la nueva ley de trata
La nueva legislación también perseguirá a los clientes, que se podrán enfrentar a penas de cárcel
Justicia está cerca de aprobar la ley integral de trata, un texto que, entre otras medidas, propone penas de cárcel para los clientes de prostitución y que ha provocado algunos encontronazos en el Gobierno de coalición. Pero la mayor preocupación es de las prostitutas, que ya se plantean su paso a la clandestinidad.
Esta ley, que incluye medidas de prevención, detección y sensibilización, pretende reformar el Código Penal para que se persiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a aquellos que «hagan uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima», condena que se reducirá entre seis meses y dos años y medio en caso de que el cliente desconozca la situación de la víctima.
Las diferencias dentro del Gobierno de coalición en el tema de la prostitución han bloqueado la redacción de un texto que lleva tiempo anunciado. Mientras que el PSOE aboga por una abolición total, dentro de Podemos existen voces que prefieren regular la prostitución. Luego está el asunto de Extranjería.
Hace apenas unos días, Igualdad anunciaba el Plan Camino, un proyecto para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata en el que promovía «el acceso a la regulación documental de las víctimas», algo que desde Justicia no ven claro.
Carmen Meneses, investigadora de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas, destaca a Europa Press que «muchas de las mujeres que actualmente se dedican a la prostitución empezaron en ella cuando se les acabó la visa».
«Estas últimas están condenadas al ejercicio de la prostitución porque están indocumentadas. Durante el confinamiento no pudieron renovar sus papeles y en la pandemia se han endurecido las condiciones de la prostitución por la clandestinidad. Es más urgente revisar las condiciones de las restricciones migratorias en España que legislar sobre la prostitución», añade.
Esta ley, explica la experta, ha puesto «muy nerviosas» a las mujeres que se dedican a la prostitución hasta el punto de que están «planteándose cómo hacer para trabajar en la clandestinidad».
Plan Camino
El plan aprobado por el Consejo de Ministros –que tiene un presupuesto de 204 millones– pretende dar salida a las víctimas de trata a través de la inserción sociolaboral para lo que se creará un itinerario para mujeres con programas de acceso a vivienda, salud y empleo. Además, trabajará en la prevención y desincentivo de la demanda a través de campañas de sensibilización.
Pero la gran novedad es la recogida de datos a través de «la mayor macroencuesta sobre trata y prostitución de la UE». Precisamente este era uno de los puntos más conflictivos a la hora de elaborar cualquier ley ya que no existen datos fiables de cuántas mujeres están ejerciendo la prostitución en nuestro país ni cuántas son víctimas de trata.
Condiciones agravadas por la pandemia
Meneses es autora del estudio Intervención social con mujeres en prostitución y víctimas de trata, un trabajo que muestra que, durante el confinamiento, el 53 % de las mujeres en prostitución no tenían para comer; el 52,4 % incrementó sus deudas; al 29 % le ayudaron los hombres que pagan por sexo; el 15,4 % se quedó en la calle por no pagar el alquiler, y al 13,7 % la echaron del club, local o piso donde ejercía cuando comenzó el confinamiento.
El informe denuncia que, a pesar de que el 48,5 % solicitó formalmente alguna ayuda a la administración, solo el 28 % de toda la muestra la recibió. Un hecho agravado porque el 36 % de ellas no disponía de Internet, impidiéndole solicitar cualquier tipo de prestación social o sanitaria. Además, durante la pandemia el 68 % empeoró su salud psicológica y el 44 % también la física.
El informe denuncia que, a pesar de que el 48,5 % solicitó formalmente alguna ayuda a la administración, solo el 28 % de toda la muestra la recibió. Un hecho agravado porque el 36 % de ellas no disponía de Internet, impidiéndole solicitar cualquier tipo de prestación social o sanitaria. Además, durante la pandemia el 68 % empeoró su salud psicológica y el 44 % también la física.
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