Irene Montero, junto a Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Igualdad
Irene Montero presiona a Justicia para regularizar a las víctimas extranjeras de trata
La ministra crea el Plan Camino, dotado con 204 millones de euros, mientras la ley de trata sigue bloqueada por las diferencias entre Igualdad y la cartera de Pilar Llop
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto millonario incluido en el Plan Camino, un proyecto para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución. Este plan llega antes de la aprobación de la ley integral contra la trata, un texto que lleva encallado medio año por las diferencias entre Igualdad y Justicia.
Esta estrategia cuenta con una dotación de 204 millones de euros e incluye 28 medidas a implementar entre 2022 y 2026 que buscan dar salida a alas víctimas a través de la inserción sociolaboral. «Esta salida debe ir acompañada de alternativas económicas y sociales que garanticen los derechos de las mujeres. Por eso, una de las principales líneas de acción es ofrecer vías realistas de salida a la explotación», señala el Ministerio que dirige Irene Montero.
Así, se creará un itinerario para mujeres con programas de acceso a vivienda, salud y empleo. Además, se promoverá la recogida de datos a través de «la mayor macroencuesta sobre trata y prostitución de la UE».
También se trabajará en la prevención y desincentivo de la demanda, llegando «a jóvenes y hombres a través de campañas de sensibilización» y se llevará a cabo «una detección multi-agenda de las víctimas, para que puedan acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva».
Por último, Igualdad «promueve el acceso a la regularización documental de las víctimas e impulsa el análisis de las necesidades de protección de estas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito».
Sorprende, sin embargo, que esta medida haya llegado antes de la ley integral contra la trata de mujeres, un proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia que parece haber encallado precisamente en Igualdad.
Hace casi medio año, la titular de Justicia, Pilar Llop, anunció la puesta en marcha del texto, pero las discrepancias entre PSOE y Podemos parecen haber paralizado su aprobación. En un primero momento, ambos partidos acordaron ir de la mano en el proyecto y registrar conjuntamente una proposición de ley contra la trata. A día de hoy, Justicia no tiene claro que vayan a salir dos textos.
Uno de los puntos de conflicto entre el Gobierno de coalición es precisamente el referido a la regularización. Igualdad siempre ha defendido la necesidad de regularizar a estas mujeres mientras que Justicia no lo ve claro y prefiere remitirse a Extranjería. De ahí que el Ministerio que dirige Montero insista, aunque de forma más sutil, en la legalización de estas personas.
Sin cifras reales
Igualdad, al tiempo que destaca de «la oculta realidad de las cifras y datos sobre el número de mujeres víctimas de trata y explotación sexual», asegura que el 90 % de las mujeres que atienden las organizaciones son personas en situación irregular.
Lo cierto es que, en España, es imposible saber la cantidad de mujeres explotadas sexualmente. Mientras que Adriana Lastra afirmó que eran 45.000, un estudio de la doctora María José Barahona calculaba que eran 300.000. Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo de las Trabajadores del Sexo (CATS) afirma que, después veinte años trabajando con estas mujeres, no es capaz de dar una cifra.
Además, hay que diferenciar entre mujeres que ejercen libremente la prostitución y la explotación; según Pardo, las segundas suponen un 14-15 % del total, mientras que para la coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, las mujeres que ejercen libremente la prostitución apenas llegan al 5 %.
Regulación vs abolición
Más allá de diferencias puntuales en la redacción del texto, el mayor desencuentro en el Gobierno de coalición es ideológico entre aquellos que defienden la abolición y aquellos que abogan por la regulación.
Aunque Irene Montero se ha posicionado a favor del abolicionismo, dentro de su partido todavía a un debate abierto por lo que, califican, enfoques «punitivistas».
Hace unos meses, este enfrentamiento se vio durante la votación de la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo. Entonces el PSOE contó con el apoyo del Partido Popular pero no con el de Podemos al completo, ya que los siete diputados de En Comú votaron en contra.
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