Prostitutas en un bar de alterne
Sociedad
El laberinto de la prostitución en España: entre el limbo jurídico y la explotación sexual
El PSOE da el primer paso para la abolición de esta práctica con el apoyo del PP y el rechazo de algunos de sus socios de Gobierno
El PSOE dio este martes el primer paso para la abolición de la prostitución en España, el tercer país del mundo con mayor demanda de servicios sexuales y el primero de Europa. Los socialistas presentaron una proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a los clientes, una medida que se tramitará en el Congreso gracias al apoyo del Partido Popular y que ha mostrado las grandes diferencias existentes entre los grupos parlamentarios entre la corriente abolicionista y la reguladora.
Y es que esta proposición ha creado extraños compañeros de cama. El PSOE ha contado con el apoyo de los populares pero no de todo Podemos, ya que los siete diputados de En Comú han votado en contra. Por su parte, ERC, Vox, PNV y Bildu eligieron la abstención en una de las votaciones más singulares que se recuerdan.
De fondo se encuentran dos enfoques totalmente enfrentados: el que aboga por la abolición y aquellos que defienden la regulación. Según Adriana Lastra, encargada de defender la propuesta, se trata del «último residuo del sistema esclavista», una visión que compartía la portavoz del PP, Marta González, al entender que «ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre». En Comú justificó su negativa por el sesgo «paternalista» de la norma, mientras que ERC directamente acusó al PSOE de «hipocresía».
Las razones de aquellos que defienden la regulación tienen que ver con la diferenciación entre aquellas personas que ejercen la prostitución de forma libre y las víctimas de explotación sexual, algo que los abolicionistas rechazan de plano.
«El debate de la prostitución es muy complejo y cualquier tipo de legislación punitivista se ha demostrado, históricamente, que provoca el efecto contrario al que quiere llegar la norma», asegura Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadores del Sexo (CATS), una asociación que desde hace 20 años proporciona distinta ayuda a personas que ejercen la prostitución en el sureste de España.
Las prostitutas en España carecen de cualquier tipo de derecho laboral
La prostitución en España se encuentra actualmente en un limbo legal ya que no está perseguido ofrecer sexo por dinero. La trata, por el contrario, sí está perseguida con penas de cinco a ocho años de prisión de acuerdo con el Código Penal. El problema es que las personas que ejercen la prostitución, al no estar contemplada como una actividad laboral, carecen de todo tipo de derechos ya que ni cotizan ni tienen acceso a la Seguridad Social, aumentando así la situación de precariedad y marginación.
«Si la persona que ejerce la prostitución alcanzara un estatus de ciudadanía –que pasa sí o sí por el reconocimiento de su actividad como laboral–, muchísimas violaciones laborales se eliminarían. Pero si se mezcla el trabajo sexual con la trata, que es lo que se pretende, se comete un error de consecuencias desastrosas», comenta Pardo.
Rocío Mora es coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y trabaja en la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado. «La mayoría de mujeres que atendemos están en lugares donde son violadas, abusadas y esclavizadas, en los que se vulneran todos los derechos humanos. Por eso pedimos que en esa ley haya herramientas para poder perseguir a los explotadores», señala.
«Cuando hablamos de abolición, por experiencia, hablamos de medidas muy claras al servicio de mujeres y niñas. No nos encontramos a mujeres que llaman a nuestra puerta pidiendo derechos laborales como trabajadora sexual, sino a personas que no pueden hablar y necesitamos a los cuerpos de seguridad para sacarlas. Y no tenemos herramientas: no me sirve de nada sacar a cinco mujeres si mañana la industria del sexo se vuelve a reactivar», añade.
Baile de datos
Uno de los grandes problemas a la hora de enfocar este asunto es la falta de datos fiables. Según datos de Naciones Unidas, España es el tercer país del mundo y el primero de Europa en demanda de servicios sexuales. Sin embargo, conocer las mujeres que se dedican a la prostitución y el dinero que mueve es una tarea prácticamente imposible.
Adriana Lastra, en su comparecencia, denunció que en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, cifra que la doctora en Trabajo Social María José Barahona aumentó a 300.000 para un negocio que movería 18.000 millones al año. «Esa cifra se quedó pero es imposible saberla con exactitud. Llevo 20 años trabajando con prostitutas y no puedo dar una cifra», lamenta Pardo.
«Si se busca la fuente de estas cifras y eslóganes que se están dando, no la encuentras y los acercamientos están sesgados y los datos no coinciden. En CATS he visto casos de trata que ponen la piel de gallina, pero no es lo normal. Lo normal es el abuso laboral. Hay informes de UNODC que muestran que, realmente, hay un 14-15 % de personas en situación de trata de todas las que ejercen la prostitución. Es muy grave, pero si mezclamos trata y trabajo sexual hacemos un flaco favor a las mujeres que realmente están explotadas», denuncia.
Mora, sin embargo, señala que las mujeres que ejercen libremente la prostitución apenas llegan al 5 %, de acuerdo con los datos de Interior. «El 54,4 % de las mujeres que tratamos nos dicen que comenzaron siendo menores. Eso son datos visibles, apoyados por los cuerpos de seguridad del Estado, así que dejemos de cuestionar los testimonios de las mujeres. Nadie sabe qué ocurre con la vida de esas mujeres cuando se apagan las luces de neón», apunta.
Un problema internacional
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la mayor parte de víctimas de trata son extranjeras en el país donde se identifican como víctimas. Sin embargo, la mayor parte de los tratantes condenados era originarios del país.
La mayor parte de explotación entre víctimas de trata eran para explotación sexual (53 %) y trabajo forzoso (40 %), aunque estos porcentajes variaban especialmente entre los distintos continentes. Así, mientras que en Europa y Asia Central los casos de explotación sexual llegan al 66 %, en Asia Oriental este porcentaje disminuía al 26 % en beneficio del trabajo forzoso, que llegaba al 64 %.
Europa, entre la ilegalidad y el negocio
El laissez-faire no es un modelo único español. Portugal, Italia, Bélgica o Reino Unido, entre otros, también toleran la prostitución aunque persiguen el proxenetismo. Otros países como Alemania, Países Bajos o Grecia han optado por la regulación total.
Francia, Irlanda, Noruega y Suecia prohíben la prostitución pero la multa corre a cuenta de los usuarios; mientras que en Rusia, Ucrania, Rumania y los países de la antigua Yugoslavia es ilegal y la multa la paga el que ofrezca los servicios.
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