Tejado hecho de amianto
España es el cuarto país de la UE con más muertes por amianto y las víctimas siguen sin ayudas
El Gobierno se ha reunido con sindicatos y asociaciones para abordar la puesta en marcha del reglamento, que debía haber estado listo hace dos años
España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de muertes derivadas de la exposición al amianto. Esta situación ha llevado a sindicatos y asociaciones de víctimas a exigir al Gobierno la activación inmediata del fondo de ayuda, cuya implementación acumula más de dos años de retraso.
El 5 de octubre de 2022 se aprobó la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, con un plazo de tres meses para establecer el reglamento que definiría la cuantía de las indemnizaciones, los requisitos de acceso y el procedimiento para solicitar las ayudas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reunió recientemente con representantes de UGT, CCOO, la Asociación Víctimas del Amianto (AVIDA) y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) para abordar la puesta en marcha del reglamento, que debía haber estado listo hace dos años. Sin embargo, el encuentro no logró avances significativos y se programó una nueva reunión para el 12 de marzo.
Saiz aseguró que el Gobierno intensificará la escucha dentro del marco de colaboración y diálogo habitual y reafirmó su compromiso con las demandas de los afectados. Según los sindicatos, la ministra atribuyó el retraso a la necesidad de obtener informes de comunidades autónomas y ministerios, algunos de los cuales aún no han sido entregados.
En el verano de 2023, el Ministerio presentó un proyecto de reglamento que fue rechazado por los sindicatos, ya que las indemnizaciones propuestas eran considerablemente inferiores a las obtenidas por vía judicial y a las concedidas a otros colectivos, como víctimas del terrorismo, VIH o talidomida. Además, se criticó que las compensaciones debieran tributar en el IRPF, a diferencia de otros colectivos exentos, y que los familiares de fallecidos por amianto quedaran excluidos de las ayudas.
Actualmente, el Gobierno estaría dispuesto a incrementar las indemnizaciones en un 30 % y a permitir una retroactividad de cinco años desde la aprobación de la ley, según los sindicatos. No obstante, la sensación tras la reunión fue «agridulce», según Patricia Ruiz, de UGT, quien reprochó al Gobierno dos años de inacción. Mariano Sanz, de CCOO, también expresó su malestar por la falta de diligencia y el sentimiento de indefensión de las víctimas.
Desde el ámbito político, la senadora del grupo vasco, Nerea Ahedo, recordó que hay 25 millones de euros asignados al fondo desde 2022 y cuestionó en el Senado el retraso en su implementación.
Según Eurostat, España registró 2.487 muertes por exposición al amianto entre 2011 y 2021. En 2023, 57 de las 94 enfermedades profesionales por agentes cancerígenos reportadas fueron causadas por fibras de amianto. Este material, prohibido desde 2002, provoca enfermedades incurables como el mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta al mesotelio, la capa que recubre órganos internos.