La Atención Primaria, una especialidad en riesgo: pocos médicos, escasa inversión y sin reconocimiento

Desde hace años, la Atención Primaria viene reclamando más personal, más tiempo para atender y un mayor presupuesto. Sin embargo, sus demandas siguen sin recibir respuesta. Un año más, observa cómo la mayoría de los recursos continúan destinándose a los hospitales, cómo muchos de sus profesionales se ven obligados a abandonar y cómo sus pacientes recurren a las urgencias ante la imposibilidad de obtener cita en un plazo razonable.

Este 12 de abril, el nivel asistencial más cercano a la ciudadanía conmemora su Día Internacional, reiterando las mismas exigencias que año tras año quedan pendientes: urge una inversión decidida, medidas para solucionar el déficit de profesionales, acabar con la precariedad laboral y devolverle el reconocimiento que merece.

Según las cifras más recientes del Ministerio de Sanidad, en 2023 los Equipos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud contaban con 30.899 médicos de familia, 6.699 pediatras, 34.875 enfermeras, 9.031 auxiliares de enfermería y 2.618 administrativos, sumando un total de 96.016 profesionales. A esta cifra habría que sumar otros perfiles no incluidos en los datos oficiales, como celadores, fisioterapeutas, trabajadores sociales, farmacéuticos, veterinarios o psicólogos, tal como destacó Vicente Matas, del Sindicato Médico de Granada, durante un acto organizado por el Foro de Atención Primaria.

Estas plazas están distribuidas entre los 13.058 centros de atención primaria del país –3.055 centros de salud y 10.003 consultorios locales–, lo que permite que el 90 % de la población tenga uno cerca de su domicilio o en su propio municipio.

Sin embargo, el fenómeno de la despoblación rural ha provocado un incremento en el número de pacientes asignados por médico, superando en muchos casos los 1.500 e incluso los 2.000 usuarios, una carga que afecta ya a más de 9.700 profesionales.

Actualmente, cada médico atiende una media anual de 6.906 consultas (unas 28 diarias); los pediatras, 4.256 (17,2 al día); y las enfermeras, 4.104 (16,6 diarias). Esta presión asistencial les impide dedicar el tiempo necesario a cada paciente, lo que, unido a los retrasos en la concesión de citas –de casi 9 días de media, según el CIS–, empuja a muchos ciudadanos a acudir directamente a urgencias.

Desde 2018, el Ministerio ha aumentado en un 38 % la oferta de plazas MIR en Medicina de Familia. Aun así, en los últimos cuatro años, 1.258 plazas quedaron vacantes o fueron abandonadas por los residentes, reflejando una preocupante desafección hacia esta especialidad.

Ante la falta de profesionales y la fuga de talento, varias comunidades autónomas se han visto forzadas a contratar médicos sin homologación oficial, algo que, según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), representa una seria amenaza para el modelo de atención sanitaria integral, accesible y de calidad que promueve el sistema público.

Esta sociedad científica insiste en la necesidad de un compromiso firme por parte de todos los actores implicados, para garantizar el reemplazo generacional de los especialistas y una adecuada distribución de plazas. «Ya no basta con buenas intenciones, hace falta actuar», recalca.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también pone el foco en el reconocimiento internacional de la Atención Primaria como pilar fundamental para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, tal como destacan organismos como la OMS o la OCDE.

No obstante, España sigue lejos de alcanzar el objetivo del 25 % del gasto sanitario dedicado a este nivel asistencial. En muchas comunidades apenas se llega al 15 %. Aunque el presupuesto de Primaria ha crecido un 126 %, alcanzando los 13.167 millones de euros, sigue muy por debajo del de los hospitales, que ha aumentado un 175 %, situándose en casi 56.000 millones.

Mientras tanto, las listas de espera se alargan, los contratos temporales proliferan, especialmente en un momento de grave escasez de profesionales, las consultas rurales se cierran y se limita el acceso a una atención integral y continuada, según denuncian distintos colectivos del sector.

El Consejo General de Enfermería (CGE) también subraya la necesidad urgente de aumentar el presupuesto destinado a esta área clave del sistema sanitario. De hecho, según su informe más reciente, España se encuentra entre los países europeos con menor ratio de enfermeras por habitante, con una media de 6,3 por cada 1.000 personas frente al 8,83 del promedio europeo. Esta carencia es aún más grave en Atención Primaria, donde sería necesario duplicar la plantilla actual, que ronda las 42.000 profesionales.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también defiende el enfoque generalista de la Atención Primaria, considerándolo esencial para una medicina centrada en la persona. «Es una de nuestras señas de identidad, un modelo que protege a la sociedad y que difícilmente puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Somos los profesionales imprescindibles de cabecera», concluyen.