Evacuaciones en los incendios: las multas a las que puedes enfrentarte si te niegas a dejar tu casa

Actualmente, la situación en el noroeste y oeste de España es crítica por una oleada devastadora de incendios que afecta especialmente a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Con más de 40 focos activos —23 de ellos en nivel 2, el más alto del índice de gravedad— y más de 344.000 hectáreas arrasadas, 2025 se perfila como el peor año en incendios forestales desde que existen registros. Desde el 12 de agosto, más de 31.000 personas han sido evacuadas, y varias han perdido la vida, entre ellas un bombero en León.

Castilla y León concentra el mayor número de incendios activos, con focos críticos en León y Zamora; Galicia sufre especialmente en Ourense, donde los nueve incendios han calcinado unas 62.000 hectáreas; y en Extremadura, el incendio de Jarilla ha devastado 12.000 hectáreas y amenaza con expandirse hacia Salamanca. La respuesta coordina al Estado con más de 1.400 efectivos de la UME en acción, apoyo adicional desde el Ejército y múltiples brigadas desplegadas.

La evacuación no es opcional

Es importante recordar que la evacuación por un incendio forestal no siempre es opcional. El desalojo de las casas en los pueblos en mayor riesgo de quemarse es necesario y no seguir las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede tener consecuencias económicas.

Los propios agentes de la Guardia Civil advierten de que en ocasiones pueden imponer multas a los vecinos que ignoren las órdenes de evacuación. Aunque se comprende la reacción de quienes se resisten a abandonar sus hogares, la prioridad debe ser siempre proteger el mayor número posible de vidas. Además, residir en las inmediaciones de un incendio forestal conlleva riesgos para la salud, entre ellos un aumento en la probabilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer.

Tal y como establece la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil: «Constituyen infracciones muy graves en las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes».

¿Y de cuánto pueden ser estas multas? Pues pueden partir de los 30.001 euros y llegar a los 600.000, dependiendo de la gravedad de la situación.