La Comisión Europea quiere «acabar» con las terapias de conversión

La Comisión Europea ha expresado este miércoles su intención de intensificar los esfuerzos para erradicar las denominadas terapias de conversión LGTBI en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea. Esta práctica, que el Ejecutivo comunitario califica como un atentado contra la dignidad humana, sigue estando permitida en dieciocho Estados del bloque. Con el objetivo de frenar su persistencia, Bruselas ha anunciado que iniciará un proceso de recogida de datos que permita evaluar su naturaleza, alcance e impacto en las personas afectadas.

Aunque la decisión última sobre la legalidad de estas prácticas recae en los gobiernos nacionales, la Comisión considera que su papel es clave para impulsar medidas a nivel europeo. «Las prácticas de conversión no son terapias: hacen daño, pueden causar perjuicio físico y mental y, sobre todo, son un ataque a la dignidad de una persona», denunció la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, durante una comparecencia ante los medios. En este contexto, Lahbib precisó que «una de cada cuatro personas LGTBI y casi la mitad de los hombres y mujeres transexuales las han experimentado».

La iniciativa de la Comisión se apoya, además, en el respaldo ciudadano recogido a través de una Iniciativa Ciudadana Europea, que ha superado ya el umbral del millón de firmas necesarias –165.999 de ellas procedentes de España– para ser formalmente tenida en cuenta. El texto demanda no solo la prohibición generalizada de estas prácticas, sino también que las víctimas sean amparadas por la Directiva europea de Derechos de las Víctimas.

Actualmente, ocho Estados miembros han prohibido explícitamente las terapias de conversión y, según ha señalado Lahbib, Países Bajos podría unirse próximamente a este grupo. «Vamos a recopilar toda la información para dar forma a la mejor manera de combatir estas prácticas», indicó la comisaria, dejando abierta la puerta a posibles propuestas legislativas a escala comunitaria.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo europeo busca consolidar un enfoque común que garantice la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas. El seguimiento de la situación en cada Estado miembro y la colaboración con los gobiernos nacionales será clave para el desarrollo de las acciones futuras.