La realidad detrás de las listas negras del aborto: «Corre peligro toda la profesión médica»

El pasado 6 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, «con la mayor celeridad posible», el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el registro de objetores al aborto «pone en peligro» varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, y ha advertido de que en Madrid no se va a hacer «una lista negra de médicos».

Entre esta guerra política, el ginecólogo Juan Acosta ha asegurado en conversación con El Debate que las listas negras de médicos que se oponen a practicar abortos son «una medida absolutamente totalitaria, encaminada a discriminar a los profesionales que se manifiesten como objetores».

Respecto a las consecuencias de esta imposición del Gobierno central, Acosta señala que «la ley dice que estas listas se hacen para estructurar la actividad, lo que significa que la organización de los servicios sanitarios se modificará en función de la ideología de los profesionales». Asimismo apunta que «como los jefes de servicio recibirán el encargo de implantar el aborto en sus unidades, las personas que no estén en esa línea ideológica serán menos interesantes para cualquier proyecto profesional dentro del servicio».

La problemática primera de estas listas de objetores recae directamente en los médicos jóvenes, expresa este ginecólogo, ya que «desde que se empezó a potenciar tanto el aborto como derecho, a muchos compañeros les preguntaban, antes incluso de terminar la especialidad, si estaban dispuestos a asistir a abortos en las guardias, porque muchas veces los propios residentes participan en ellos».

«Esto influye en la contratación. Es una medida que discrimina económicamente, porque un médico joven que quiera desarrollar su carrera puede encontrarse con que no tiene acceso a determinados puestos o plazas que le interesan», denuncia Acosta.

Además, este médico alerta de que «si esto se consolida, corre peligro toda la profesión médica». «Si triunfan estas listas negras, se extenderán a otras especialidades donde también hay objeción de conciencia, como en UCIs o anestesia por el tema de la eutanasia, en medicina de familia por la eutanasia domiciliaria, en pediatría o psiquiatría por cuestiones relacionadas con la ideología de género», expresa.

Lista de quienes practican abortos

Por su parte, Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, expresó recientemente a este periódico que esta propuesta del Ejecutivo central responde más a «un intento de desviar la atención de los problemas internos del Gobierno –los escándalos y la corrupción– que a una cuestión de fondo», por lo que señala que las listas de objetores «atentan directamente contra el derecho a la objeción de conciencia»,

Un aborto, por norma general, no es algo urgente

Carmen, enfermera de Urgencias objetora de conciencia, ha señalado en declaraciones a este periódico que «vería mucho más factible hacer una lista de todos aquellos que estén dispuestos a practicar abortos, pero no de los que se nieguen», ya que «no es plato de buen gusto que por pensar de otra forma, te juzguen, y más con este tema que es muy polémico», sostiene.

Además, denuncia que la excusa esgrimida por el Gobierno de que siempre tenga que haber un profesional dispuesto a abortar en los turnos, no sirve, ya que «un aborto, por norma general, no es algo urgente», por lo que «siempre se podrá cubrir en otro turno», señala esta enfermera.

Derecho a la libertad de conciencia

«El derecho a la libertad de conciencia está reconocido en la Constitución. Tú puedes objetar en conciencia frente a un determinado deber, pero para poder ejercer ese derecho tienes que alegar precisamente esa conciencia o ideología. Ahí está la contradicción, porque se te obliga a declarar tu ideología para no practicar abortos», asevera Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional a El Debate.

En esta misma línea, asegura que hay que diferenciar entre publicar listas, lo cual sería ilegal, y que un hospital tenga conocimiento interno para organizar los servicios. «Aunque no haya listas públicas, de facto existirán. Probablemente no tengan que figurar en un registro formal, pero sí deberán declarar que no quieren practicar abortos», alega.