El Gobierno convierte el registro de objetores y el aborto en su nuevo campo de batalla ideológico

El Gobierno sigue luchando para ocultar los escándalos del presidente. Para ello, está utilizando –una vez más– el aborto, un as que tiene guardado siempre en la manga. El pasado lunes, Pedro Sánchez envió una solicitud formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, «con la mayor celeridad posible», unas 'listas negras' de médicos objetores para que todos los doctores que se nieguen a matar a un ser humano aparezcan registrados.

La intención del Ejecutivo de llevar a lo más alto la cultura de la muerte es clara. Primero fue el número de abortos, insuficiente para la ministra de Sanidad. Después, la negativa a reconocer el síndrome posaborto, que para ellos no existe a pesar de las evidencias. Por último, la propuesta de Sánchez de blindar el aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres».

En este sentido, Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, cardiólogo, escritor y catedrático universitario español, explica a El Debate que es «difícil pensar» que haya «alguna intención distinta» a la de limitar la objeción de conciencia. Siguiendo este plan, y teniendo en cuenta que este registro comenzó con la exministra Irene Montero, ¿qué sentido tiene obligar a los profesionales a inscribirse en una lista de objetores? ¿Van a usar esa lista con algún propósito?

Para Martínez-Sellés esta propuesta responde más a «un intento de desviar la atención de los problemas internos del Gobierno –los escándalos y la corrupción– que a una cuestión de fondo». Sin embargo, expone que el único uso posible sería «discriminar a los objetores». De hecho, el Gobierno central ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de que el aborto se realice en todos los centros públicos. En Madrid, por ejemplo, hay hospitales donde prácticamente todos los ginecólogos son objetores, por lo que allí no pueden realizarse abortos.

Además, prosigue el cardiólogo, estas listas «atentan directamente contra el derecho a la objeción de conciencia», porque este derecho implica que el objetor no puede ser discriminado por el hecho de serlo. Así, denuncia que se están sentando «las bases para hacerlo», algo que va en contra de la Constitución española y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. No se trata solo de permitir objetar, sino de garantizar «que el objetor no sea discriminado por ello», subraya el catedrático.

También existe otro problema. Martínez-Sellés afirma que se niega «la posibilidad de la llamada objeción al caso». Es decir, que un profesional que no haya objetado previamente se enfrente en algún momento a una situación que entre en conflicto con su conciencia o sus valores, y quiera ejercer ese derecho. La ley actual lo impide, lo cual es especialmente grave, porque «la medicina es cada vez más compleja y plantea dilemas nuevos».

Por tanto, apostilla, si estas listas no van a usarse para discriminar, que expliquen «para qué sirven» porque «es la primera vez que se piden listas de quienes no quieren hacer algo». En cambio, asume el doctor, si lo que quiere el Gobierno es organizar la práctica del aborto, tendría más sentido pedir «una lista de los profesionales dispuestos a realizarlo».

En cualquier caso, no existe un «derecho al aborto». En España lo que hay es una despenalización bajo ciertas condiciones. Nuestra Constitución protege la vida, y las leyes del aborto establecen excepciones en casos determinados.

Por último, el cardiólogo aclara que hablar de un derecho al aborto es «un sinsentido». Si realmente se pretendiera introducirlo en la Constitución, eso sería «contrario al propio espíritu constitucional», ya que la Constitución debe «proteger la vida, no amparar su eliminación».