La inquiokupación golpea a jóvenes propietarios: «Revisé documentos y aun así me quedé sin piso y sin ingresos»

«Si esto le pasa a alguien sin apoyo familiar, lo arruina». Luis –nombre ficticio para preservar su identidad–, con apenas 30 años, y tras trabajar incansablemente, pudo comprarse una vivienda en Chamberí (Madrid). Pero él no vivía en ella, ya que por su situación personal y ritmo de vida vivía de alquiler. Es por eso, que decidió arrendar su vivienda, para así poder pagar la hipoteca.

Entre los candidatos apareció una chica brasileña, que tenía una hija en la universidad y otro hijo más pequeño. Tenía un negocio de estética en Brasil. «Me mandó extractos bancarios con movimientos altos, muy altos, de unos 20.000 dólares al mes», cuenta el joven a El Debate. Además, entregó el mes de fianza, el de garantía y cuatro meses por adelantado –los correspondientes a abril, mayo, junio y julio–.

Luis asegura que su inquilina le contaba que «estaba muy contenta en el piso, que se había comprado un coche y que quería echar raíces en España». Pero el 1 de agosto todo saltó por los aires: le habían congelado la cuenta por antimoney laundering –blanqueo de capitales–. Ella le propuso pagarle el 25 de cada mes en lugar de en los cinco primeros días, como estaba pactado en el contrato, a lo que el afectado le explicaba que él tenía que pagar la hipoteca todos los meses, así como el alquiler de la vivienda donde él vivía.

«Cada día aparecía una excusa distinta. Que si el banco, que si las transferencias retenidas, que me llegaría en unos días. Pero nunca llegó», cuenta Luis. «Lo último que recibí de ella fueron mil euros en efectivo», añade.

Tras eso, la comunicación se rompió por completo. La mujer no respondía mensajes, no devolvía las llamadas y rechazó recoger el burofax que Luis le envió reclamando el pago. Fue entonces cuando el portero del edificio le dijo que «llevaba semanas sin aparecer. Que los únicos que estaban eran los niños. Y que incluso el pequeño había dejado de ir al colegio».

Tras conocer los plazos, Luis decidió contratar a una empresa de desocupación extrajudicial. «Pedí que todo fuera legal. A los pocos días la hija entregó las llaves. Y yo cambié la cerradura», relata este joven. Pero para entonces el daño económico ya era incalculable y el arrendador teme no recuperar las cantidades que le deben si su exinquilina abandona el país.

«Revisé documentos, pedí garantías, firmé el contrato correctamente. Hice todo lo que se supone que se debe hacer. Y aun así me quedé sin piso y sin ingresos», lamenta.

Sistema lento y saturado

«La inquiokupación es la modalidad de ocupación que más está creciendo en España y la que más indefenso deja al pequeño propietario», asegura el abogado Diego Zapatero. «El inquilino entra de forma legítima, con contrato y apariencia de solvencia, entrega unos meses por adelantado y luego deja de pagar. A partir de ahí el propietario queda atrapado en un procedimiento que puede durar más de un año», apuntala.

Antes de la caída de la moratoria de desahucios, y de que el Gobierno aprobase uno nuevo excluyendo a los propietarios de una o dos viviendas, se estimaba que 60.000 procedimientos de desalojo estaban pendientes de reactivación, según datos de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). Pero se sabía que no todos iban a derivar en lanzamiento, ya que existe una saturación de los juzgados.

Esta saturación es la que ha hecho que la demanda interpuesta por Luis a su antigua inquilina todavía no haya sido admitida a trámite –aunque ya ha conseguido echarla, todavía tiene que recuperar las mensualidades que le deben–. Además, existen maniobras que dilatan aún más el proceso. «No se recogen burofaxes, alegan vulnerabilidad sin acreditarla o directamente desaparecen. Todo esto retrasa el procedimiento y agrava la situación del propietario», lamenta el abogado de Golden Partners.

Nuevo decreto antidesahucios

Todavía tiene que pasar por el Congreso, donde previsiblemente no salga adelante, pero el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026, pero excluyendo a los propietarios de uno o dos inmuebles. En este caso «corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia».

La prórroga del decreto mantiene las condiciones en torno a la vulnerabilidad de los propietarios, en vigor desde 2020. para activar la prohibición de desahucio, los inquilinos tienen que acreditar una situación de vulnerabilidad, y para ello se solicitará un informe a los servicios sociales competentes, que identificarán las medidas a aplicar en cada caso.

Será un juez el que, con toda la documentación entregada, dicte si se ejecuta o no la suspensión del lanzamiento. Tras esta decisión, el casero tiene un plazo máximo de diez días para acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En caso de acreditarse la vulnerabilidad por encima de la del arrendatario, y de comprobarse que tan solo es propietario de una o dos viviendas, las administraciones públicas competentes deberán aportar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales para ofrecer una alternativa habitacional al inquilino, y se procedería al desahucio.