Bolsas de nicotina
Portugal dice sí a las bolsitas de nicotina: ¿por qué el Ministerio de Sanidad de España lo rechaza?
El país luso sigue así la senda de Grecia, que logró reducir en más de un 5 % el tabaquismo durante los últimos años gracias a la promoción de productos alternativos
Mientras varios países europeos avanzan en la búsqueda de alternativas al tabaco convencional, España sigue apostando por el veto. Las bolsitas de nicotina, pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio superior sin necesidad de tabaco ni de escupir, se han convertido en el nuevo campo de batalla entre la política sanitaria española y el resto de la Unión Europea.
El último país en dar un paso decisivo ha sido Portugal, que ha aprobado el uso de las bolsitas de nicotina como medida para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco de combustión.
El país luso sigue así la senda de Grecia, que logró reducir en más de un 5 % el tabaquismo durante los últimos años gracias a la promoción de productos alternativos. Además de los beneficios sanitarios, ambos países destacan los efectos fiscales positivos: Portugal aplicará una tasa de 0,065 euros por gramo de peso neto, lo que aumentará la recaudación estatal.
España, en sentido contrario
En contraste, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha optado por una estrategia prohibicionista. En lugar de fomentar una transición progresiva hacia alternativas menos dañinas, como las bolsitas de nicotina o los vapeadores, el ministerio ha propuesto limitar el contenido máximo de nicotina a 0,99 miligramos por bolsita, una medida que, según los países críticos, equivaldría a una prohibición de facto.
Esta decisión ha provocado tensiones diplomáticas. Suecia envió en septiembre una carta oficial al Gobierno español denunciando que la propuesta «rompe las reglas del mercado único» al restringir la libre circulación de productos dentro de la UE.
La medida se encuentra incluida en el Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 579/2017, sobre la comercialización de productos del tabaco y relacionados.
Durante el proceso de notificación europea (TRIS), Suecia, Rumanía, Italia, Grecia, República Checa y Croacia presentaron objeciones formales al texto. Todos coincidieron en que el límite de 0,99 mg expulsaría del mercado los productos que, en el resto de Europa, contienen entre 12 y 20 mg por unidad. También criticaron la prohibición general de sabores, calificándola de «medida desproporcionada».
En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en la misma línea, cuestionando la falta de evidencia científica que respalde las restricciones y advirtiendo que algunas de ellas requieren rango de ley por su impacto económico y social.
Bruselas vigila el caso español
La Comisión Europea comunicó oficialmente el pasado 14 de octubre que «seguirá de cerca la evolución de la medida y su aplicación en caso de que sea adoptada».
El Real Decreto se encuentra actualmente bajo revisión del Consejo de Estado, que podría emitir una observación señalando que no es el instrumento normativo adecuado para regular esta materia.
Este debate llega en un momento crítico para el sector del tabaco en España y Europa. Según datos de la Mesa del Tabaco, el conjunto del sector aporta más de 3.700 millones de euros anuales a las arcas públicas y genera 57.400 empleos directos e indirectos. Solo en Cataluña, la industria del vapeo concentra el 80 % de la producción nacional de líquidos, y las nuevas restricciones podrían costar hasta 3.000 empleos directos, según el informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Las regiones agrícolas también están en alerta. En Extremadura, donde se cultiva el 98 % del tabaco español, el fin de las subvenciones europeas podría suponer pérdidas superiores a 19 millones de euros y afectar a 1.200 cultivadores. En Canarias, el tabaco representa 250 millones de euros anuales en exportaciones y mantiene más de 5.000 empleos.
La amenaza europea de una nueva fiscalidad del tabaco
A la incertidumbre nacional se suma la propuesta de Bruselas para revisar la Directiva sobre impuestos al tabaco, prevista para 2028.
La reforma impondrá por primera vez tipos armonizados para los productos alternativos (tabaco calentado, líquidos de vapeo y bolsitas de nicotina) y gravará el tabaco crudo, hasta ahora exento.
También establecerá una tasa uniforme del 15 % sobre los impuestos especiales del tabaco, generando un nuevo ingreso comunitario estimado en 11.000 millones de euros anuales.
El sector advierte de que estas medidas podrían impulsar el contrabando y aumentar la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China.