Un juzgado investiga al presidente del Colegio de Médicos de Madrid por presunta prevaricación

El Juzgado de instrucción número cinco de Madrid ha admitido a trámite una denuncia contra los miembros de la Junta Directiva en funciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), incluyendo a su presidente, Manuel Martínez-Sellés, por un posible delito de prevaricación administrativa.

En el auto, fechado el 18 de diciembre, la juez instructora acuerda abrir diligencias previas como resultado de actuaciones que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que ordena dar conocimiento del caso al Ministerio Fiscal.

En concreto, la Junta Directiva será investigada por la resolución adoptada el pasado 17 de marzo, cuando decidió cesar a la Junta Electoral del Icomem en un intento de dar carpetazo a las elecciones colegiales del 17 de diciembre de 2024.

Según el escrito de denuncia presentado por el doctor Tomás Merina, que se declaró ganador de aquellos comicios, el cese de la Junta Electoral se realizó para «eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática» y «mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas», indican desde el equipo de Merina.

Así, el cese de la Junta Electoral se enmarcaría en un proceso de «usurpación del poder» que lleva ya más de un año debido a que los miembros del anterior equipo «se aferraran a sus cargos y utilizaran su poder dentro de la institución para impedir la toma de posesión» del doctor Merina y su equipo, ganadores de los comicios con el 47 % de los votos.

Con ello, la Junta saliente "se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la interinidad en un mandato ilimitado, y elimina al único órgano independiente —la Junta Electoral— llamado a garantizar la pureza del proceso democrático”, señala el escrito de denuncia.

El cese de la Junta Electoral se produjo, además, «de forma completamente opaca», después de que equipo de Tomás Merina se dirigiese en varias ocasiones al órgano encargado de velar por el proceso electoral para pedir amparo ante lo que estaba ocurriendo en el Colegio.

Tras ello, la Junta Directiva saliente emitió una resolución en marzo siguiente cesando a la Junta Electoral sin comunicarlo a los colegiados, añade el equipo de Merina en un comunicado.

De acuerdo con la denuncia presentada, este acto «pervierte la democracia interna del Colegio y anula los derechos de los colegiados», por lo que supone un «fraude institucional» que encajaría en el tipo penal de prevaricación administrativa.