El feminismo comienza a rebelarse contra las leyes de Sánchez

Este miércoles 20 organizaciones feministas diferentes integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional han alertado al Gobierno de que el anteproyecto de Ley de Medidas contra la Violencia Vicaria supone un «retroceso» y genera una «gran preocupación» entre las asociaciones que tratan este tipo de delitos.

«Las reformas en curso no pueden pues limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas (como un delito 'neutro' de violencia vicaria) en clara contradicción, no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza», han asegurado en una carta abierta, adelantada por El País.

A través de la misiva, las organizaciones se dirigen a los ministerios de Igualdad, de Justicia y de Juventud e Infancia, por estar directamente implicados en dos reformas legales: el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y la mejora de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).

A su juicio, España se encuentra «en un momento decisivo para avanzar en la protección real de las mujeres y de sus hijos e hijas víctimas de violencia de género». «No son estas reformas de segundo nivel, bien al contrario, responden a una necesidad manifiesta de corregir la intolerable realidad cotidiana que vienen sufriendo muchísimas víctimas, fundamentalmente niñas y niños a los que, junto a sus madres, se les sigue dejando en una alarmante situación de desamparo», argumentan.

Contra el hiyab

No se trata de la primera vez que el feminismo alza la voz contra las medidas supuestamente en favor de la mujer del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. Recientemente, una treintena de organizaciones feministas y mujeres han pedido explicaciones al Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por financiar un estudio revelado por este medio que «normaliza» el uso del velo islámico o hiyab.

En concreto, se trata del estudio ¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo, elaborado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (Grais). Según las organizaciones, el documento, «lejos de promover la igualdad, refuerza discursos y prácticas que discriminan a las mujeres y las niñas».

Según las firmantes, su documento «no se dirige contra ninguna mujer ni niña, sino contra instituciones públicas que, con su financiación, legitiman prácticas que vulneran la igualdad».

Para las firmantes, «resulta inaceptable que una institución pública creada para defender los derechos de las mujeres respalde estudios que justifican y normalizan la imposición del velo, una práctica que afecta únicamente a mujeres y niñas y que reproduce relaciones de poder profundamente desiguales».

«El Gobierno no ha estado a la altura»

En este mismo orden de asuntos, varias organizaciones feministas, entre ellas Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Federación Mujeres Jóvenes, alertaron a finales del año 2025 de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025. En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denunció una «acumulación de déficits en la gestión pública», marcado por fallos en servicios esenciales «sin explicaciones inmediatas y suficientes», así como por «incumplimientos reiterados» de compromisos legislativos y un «control deficiente» del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

También criticó la «falta de transparencia» en la aplicación de determinadas normas, lo que para la organización «dificulta de manera objetiva su evaluación y limita la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para realizar una valoración fundada de sus efectos reales».

Por otro lado, la organización destaca que el retraso con la ley contra la trata «resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar».

En la misma línea, reprocha al PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, que no esté explorando otras mayorías parlamentarias que permitirían avanzar en la lucha contra la explotación sexual, «lo que impide conocer la posición de la derecha española en esta materia».

También recalca la «absoluta falta de transparencia» del impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. «Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales», asevera la organización.