El doble rasero de Mónica García: denuncia al PP por una gestión sanitaria que el PSOE replica en silencio

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Mónica García ha revelado la aprobación del anteproyecto de ley sobre la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que pretende derogar la ley de 1997, aprobada por el Gobierno de José María Aznar y que permite la colaboración público-privada en la Sanidad. Por lo tanto, se impondrá un modelo único de gestión pública dejando de lado la privada. Esta normativa se ha trabajado en un momento clave: durante la persecución de la ministra contra la Comunidad de Madrid.

Este anuncio salió por primera vez a la luz el pasado mes de diciembre, cuando García inició, una vez más, una ofensiva contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. En esa ocasión, acusó a Pablo Gallart, directivo de Ribera Salud, de llevar a cabo «prácticas ilícitas». Tras lo sucedido denunció públicamente a otras comunidades del PP que también permitían este tipo de actuaciones. Sin embargo, silenció la situación de varios territorios gobernados por el PSOE que aplican sistemas de gestión similares.

Tras el Consejo de Ministros, la titular de la cartera de Sanidad ha aseverado que se trata de una norma que va a proteger el SNS de España de «las garras especuladoras y privatizadoras». No ha tardado en mencionar al PP, ya que ha asegurado que esta ley «pondrá coto» a casos «absolutamente obscenos» como los que se han dado en los últimos meses. Así, se ha referido a los audios filtrados del CEO de Ribera Salud, y a los problemas de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Además, ha asegurado que su finalidad es terminar con el «chiringuito» o «negociete» de la presidenta madrileña.

En el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), –basado en un análisis integral de la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas–, el departamento de García sostiene que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser «un recurso excepcional» para convertirse en «una práctica estructural». Esto implica desviar «una parte creciente del presupuesto público a empresas» cuya lógica responde «al beneficio, no al interés general».

A pesar de sus críticas y en un intento de rechazar la gestión sanitaria de las comunidades del PP, la ministra de Sanidad ha puesto en evidencia a territorios afines al Gobierno. Y es que el informe muestra que, entre 2011-2023, se produjo un aumento de equipamientos de los centros del SNS al sistema sanitario privado mediante conciertos o acuerdos. Ejemplo de ello fueron las camas en funcionamiento, que pasaron de 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y los quirófanos del 8 % al 10,7 %. Este fenómeno se vio especialmente en Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, territorios donde gobiernan los socialistas.

Asimismo, el documento revela que ha habido un incremento del número de hospitales privados integrados en el SNS, cuya cifra aumentó de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que supone un crecimiento del 36,8 %. Estas cifras revelan que 30,7 % de los hospitales del SNS poseen una dependencia funcional de la gestión privada.

A pesar de estos datos publicados en un informe elaborado por su propio ministerio, García pretende perseguir cada vez más a los gobiernos autonómicos contrarios a su ideología.

«Amenaza, impone y miente»

Tras el anuncio de la ministra, Díaz Ayuso ha señalado que el Gobierno actúa «amenazando, mintiendo e imponiendo». Así, ha denunciado que quieren acabar con la Sanidad en la Comunidad de Madrid llevándoles a «la revolución prácticamente, a que nada funcione en una región que no deja crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento».

Al hilo, ha preguntado a la ministra qué pretende hacer con Cataluña, comunidad donde «mucho más que en Madrid» se trabaja con este modelo sanitario. En este sentido, ha acusado a la anestesista de querer acabar con la Fundación Jiménez Días y de decirle a los pacientes que «se equivocan cuando eligen estos hospitales».

Por último, ha querido recordar a García que las administraciones lo que tienen que hacer es «colaborar» con empresas y personas que tienen proyectos para «crecer juntos».