El Consejo de Estado vota contra el derecho a la vida y respalda incluir el aborto en la Constitución en una reñida votación

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, se ha pronunciado finalmente sobre el dictamen que reconoce el aborto como un derecho en la Constitución.

El informe, adelantado por El Debate el pasado 13 de febrero, es una toma de posición del órgano sobre el anteproyecto del Gobierno para incluir la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Carta Magna.

Sin embargo, dado lo ajustada y crítica que fue la votación, según pudo saber El Debate, se ha tenido que hacer una redacción alternativa al texto de la extitular de Sanidad, María Luisa Carcedo para volver a someterla a decisión de los consejeros.

El debate sobre el aborto, histórico por lo tremendamente ajustado y dividido, lo hizo el Pleno del Consejo y el texto de Carcedo tenía que salir adelante por más 'síes' que 'noes'. El problema es que a la vista de la cantidad de objeciones planteadas al dictamen tampoco salió adelante tal y como estaba redactado inicialmente. Así, tuvo lugar la votación final del nuevo texto –en cualquier caso, siempre a favor de la inclusión del aborto en la Carta Magna–.

El Pleno está conformado por la presidenta, los consejeros permanentes, los consejeros natos, los consejeros electivos y el secretario general –este último no vota–. En total, suman 31 consejeros con derecho a voto.

Llamó la atención la ausencia de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la «dura» oposición al dictamen de Carcedo, según pudo saber el Debate, de Herrero de Miñón, padre de la Constitución y quien en su primer dictamen propuso una redacción alternativa a la del Gobierno pero mostrándose a favor.

En la 'segunda' votación, es decir, la de la redacción nueva que modifica el dictamen de Carcedo, dijeron que 'no' al aborto: Herrero de Miñón; Benigno Pendás García (presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas); José María Michavila Núñez (exministro de Justicia); Pedro María Sanz Alonso (expresidente del Gobierno de La Rioja); Juan Carlos Aparicio Pérez (exministro de Trabajo y Asuntos Sociales) y Teodoro López Calderón (Jefe del Estado Mayor de la Defensa).

«Fraude constitucional»

Según pudo saber este periódico, Herrero hizo un giro de 180 grados respecto a su primer dictamen y dijo que el texto era un «fraude constitucional» y que tal y como estaba redactado era imposible de llevar adelante. A este voto de Herrero es al que se sumaron los 'rebeldes' del 'no al aborto'. En el caso de Calderón, está por ver si se adhiere al voto de Herrero o termina haciendo uno propio.

Cabe aclarar que la gran cantidad de 'noes' del principio y que llevaron a repetir la votación versaron sobre todo sobre la inclusión del aborto en el artículo 43 y no en el 15. El primero se encuentra dentro de los principios rectores de la política social y económica de la Constitución, mientras que en el 15, el aborto entra como parte de los derechos fundamentales.

El texto propuesto por el Ejecutivo de Sánchez, que es sobre el que se hizo el dictamen que se ha votado este jueves añade un nuevo apartado al artículo 43 de la Carta Magna, es el siguiente:

«Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Así figura en el texto que el Gobierno remitió al máximo órgano consultivo, y al que también ha accedido este diario.

En lo único en que reparaba el dictamen de Carcedo, respecto al texto del Gobierno, es en el hecho de que la modificación del texto constitucional «no encuentra natural acomodo» en el artículo 43.

El dictamen de Herrero de Miñón a favor del aborto que quedó en el cajón

Antes de esta votación tuvo lugar otra en la Comisión Permanente en la que el Consejo se pronunció sobre el dictamen del aborto que hizo en una primera instancia Herrero de Miñón.

El texto, al que accedió en exclusiva este periódico, proponía una redacción alternativa a la del Gobierno pero, en definitiva, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Herrero concluye en su primer dictamen que el artículo 43 puede ser modificado para constitucionalizar la obligación que tienen los poderes públicos, encargados de dar garantías a las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad y respetando lo previsto en las leyes.