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(Foto de ARCHIVO) Baile de Carnaval en Santa Cruz de TenerifeASHOTEL

Denuncian ante la Fiscalía presuntas agresiones sexuales a tres menores tuteladas en el Carnaval de Tenerife

Los denunciantes señalan que los hechos se produjeron el pasado 16 de febrero cuando las menores fueron trasladadas a los actos nocturnos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Los padres de una menor tutelada y los colectivos Gaveta 20A y Arcan (Asamblea Reivincicatica Canaria) han presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para que se investigues presuntas agresiones sexuales a tres menores tuteladas por el Gobierno de Canarias en un centro de protección gestionado por Aldeas Infantiles en Tenerife.

Los denunciantes señalan que los hechos se produjeron el pasado 16 de febrero cuando las menores fueron trasladadas a los actos nocturnos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y durante esa salida, autorizada también por el Cabildo, las menores habrían abandonado la supervisión del centro y permanecieron desaparecidas durante unos días.

Así, durante ese periodo, sostienen que se habrían producido relaciones sexuales con hombres, si bien desconocen la edad y las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Además, apuntan que tras la aparición de las menores no se habrían activado de manera inmediata los protocolos médicos y forenses que habitualmente se aplican en situaciones de posible agresión sexual pues en España «el consentimiento no es suficiente cuando son menores de 16 años».

Según los denunciantes, no se habría producido un traslado inmediato a un centro sanitario ni la recogida de posibles pruebas biológicas, lo que podría haber supuesto la pérdida de evidencias relevantes para esclarecer lo sucedido.

«Estamos hablando de niñas de 14 y 15 años bajo tutela pública. Cuando aparecieron, lo primero que debía haberse hecho era activar inmediatamente los protocolos médicos y de protección. Eso no ocurrió», señalan los denunciantes.

Igualmente subrayan que el eje principal de la denuncia no se centra únicamente en los posibles hechos de carácter sexual ocurridos durante la desaparición de las menores, y quieren poner el énfasis también en las «graves irregularidades» que podrían haberse producido en la actuación de las administraciones responsables de su tutela y del centro que gestiona su custodia.