Morant pone en peligro el trabajo de medio centenar de arquitectos por el uso del silencio administrativo

malena Noni García tiene 47 años. Nació en Argentina pero ha vivido casi la mitad de vida en España. Aquí ha tenido dos hijas, ambas nacidas en Cataluña, que es donde actualmente trabaja como autónoma al frente de una tienda de joyería propia. Sin embargo, su pasión es la arquitectura. Pasión que trajo de su país para desarrollar su carrera plenamente en España.

Pese a ello, la burocracia sumado a ¿los conflictos de intereses? ¿el racismo institucional? se lo han impedido. Su intención solo es ejercer en España el trabajo para el que tanto estudió. «Viene gente a abusar del sistema y de las ayudas; yo estoy dada de alta como autónoma, pago los impuestos, hice todo bien pero no hacen más que meterme palos en las ruedas. Solo quiero legalizar mi título», explica Malena.

Es más, está dispuesta a empezar desde cero y hacer la carrera otra vez, como si no supiera nada, con su hija de 17 años quien está a punto de arrancar en el mundo de la educación superior. El problema es que su título está suspendido cautelarmente y aunque quisiera ceder a las injusticias del sistema tampoco puede: necesita que la Administración se pronuncie definitivamente sobre su caso que ahora le ha suspendido cautelarmente la homologación de su título.

Malena se graduó de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, el campus mejor valorado de Iberoamérica (según el ranking QS). Lo hizo en el año 2004 y con el título debajo del brazo partió a España. Estar graduada era la condición sine qua non que se puso a sí misma y a su marido para viajar. Tan preparada vino que incluso estudió dos años de catalán antes de partir. Pero los títulos –oficiales y no oficiales– no sirvieron de mucho.

Obtenida la nacionalidad española y con todos los papeles en regla, presentó la documentación para homologar su título. Entonces, para obtenerla, era necesario superar la llamada prueba de conjunto que consistía –resume Malena–, en «repetir la carrera» -es un examen que se hace en las universidades y que pide en España a aquellos con titulación extranjera-. «Esa prueba dependía de cada universidad; como la más cercana para mí era la Politécnica de Barcelona fue allí donde hice la consulta y me dieron todo lo que tenía que estudiar: cuatro exámenes de cuatro asignaturas troncales y un proyecto de fin de carrera. Todo en el plazo de un año, cuando eso es lo que se tarda sólo en el proyecto. Era mi carrera de seis años concentrada en uno», recuerda Malena.

Como Malena trabajaba entonces diez horas al día sin contar los trabajos para arquitectos que preparaba de madrugaba, no pudo afrontar la prueba. Así estuvo años, la gran parte de su residencia en España, encadenando trabajos «mal pagados, proyectos míos que firmaban otros y sin cobrar el dinero correspondiente», relata Malena que, evidentemente, tenía que trabajar en negro.

Harta de la situación, volvió a la carga con la homologación hace poco, en 2024. Entonces la prueba de conjunto había desaparecido y la homologación llegó relativamente pronto. El problema fue lo que se encontró después.

Con el título homologado procede a colegiarse. Llama al Colegio de Arquitectos de Cataluña, les entrega la documentación y se encuentra el 22 de diciembre del año pasado con una llamada poco feliz. «No me había ganado el Gordo, la llamada era del colegio. Me preguntaron si quería seguir adelante o no con la colegiación tras haber presentado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España un recurso de reposición en contra de mi homologación». Y aquí la historia de Malena entronca con la de muchísimos arquitectos con título extranjero.

En realidad, las coincidencias empiezan antes: se colegian, pagan las tasas correspondientes y se encuentra con el ‘puñal’, primero, del Consejo que presenta un recurso de reposición contra la orden del Ministerio de Universidades que otorga la homologación. Y luego del ministerio de Morant que, por la vía del silencio administrativo positivo, terminan estimando el recurso del Consejo de Arquitectos.

«Estoy destrozada»

«El Consejo usó mis datos en mi contra. Homologué, me colegié, me cobraron por ello y luego Universidades suspende la resolución por la que me concedieron la homologación a través del silencio administrativo», relata Malena que, ya desesperada, se adhirió a una agrupación en donde descubrió que su caso se repetía una y otra vez. «Estoy destrozada», zanja.

Solo en el caso de los argentinos, es decir, sin contar el resto de nacionalidades potencialmente afectadas, ascienden a medio centenar. Por eso, se han tenido que organizar en Aagahe, la Agrupación de Arquitectos Graduados en Argentina Homologación en España, actualmente integrada por más de 500 personas. De entre ellos hay medio centenar al que les ha ocurrido exactamente lo mismo que a Malena.

El colegio te cobra la cuota colegial un lunes tratándote como arquitecto, y el viernes te dice que no lo eres desde hace tres meses

«Es una sensación de indefensión total», relata otro de los afectados. «El colegio te cobra la cuota colegial un lunes tratándote como arquitecto, y el viernes te dice que no lo eres desde hace tres meses, pero se queda con tu dinero. Te quitan el derecho a trabajar y utilizan tus propios recursos para financiar la batalla legal contra tu título».

Los arquitectos consideran que se produce una especie de círculo vicioso: primero, el solicitante recibe la notificación de que su título extranjero queda homologado al título universitario oficial español de máster que habilita para el ejercicio de la profesión –es decir, no son arquitectos automáticamente, tiene que hacer un máster–. Una vez obtenida la homologación, toca colegiarse en el correspondiente colegio autonómico en el que resida el arquitecto homologado.

Una vez listo el trámite –y con las cuotas cobradas–, ya con el camino totalmente allanado para ejercer llega un aviso de suspensión de la homologación por parte del Ministerio de Universidades. Esta suspensión se produce tras recibir el departamento de Morant un recurso de reposición del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en contra de la orden que da lugar a la homologación.

Sin resolución expresa

El argumento del Consejo, según consta en los expedientes de varios afectados consultados por este periódico, es que el extranjero no se no está habilitado profesionalmente.

Este recurso termina siendo estimado por el ministerio pero no precisamente por haber evaluado el título y acordar que, efectivamente, el interesado no puede ejercer. Se hace por la vía del silencio administrativo.

«Legal pero no ético»

¿Qué significa? Se reconoce la suspensión solicitada por el Consejo al aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La norma señala que se entenderá suspendida la ejecución de un acto impugnado si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión ha entrado en el registro para decidir sobre la misma y no se ha dictado y notificado «resolución expresa al respecto».

Para Javier Colomino, miembro de la agrupación de arquitectos lo que hace el ministero con el silencio administrativo es poco ético: «Se aprovechan del silencio administrativo, lo usan para beneficiarse y perjudicar al ciudadano de a pie. Se usa legalmente pero de manera poco moral y ética», subraya.