Trump prohíbe tener políticas de diversidad a empresas contratistas del gobierno de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que impedirá a las empresas contratistas del Gobierno federal mantener políticas internas destinadas a combatir el racismo y el sexismo. La medida, que entrará en vigor dentro de un plazo de 30 días, supone un nuevo paso en la ofensiva del mandatario contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI.

Esta decisión se enmarca en una línea de actuación que Trump ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca, con el objetivo de limitar el alcance de este tipo de programas en el ámbito público y privado vinculado a la Administración. Tanto el presidente como sectores de su base política, especialmente entre sus seguidores más conservadores, sostienen que estas políticas generan efectos contraproducentes en el mercado laboral.

En concreto, argumentan que las iniciativas de diversidad pueden dejar en desventaja a determinados profesionales estadounidenses, al favorecer la contratación de personas pertenecientes a minorías en determinados puestos de trabajo. Desde esta perspectiva, consideran que las políticas de DEI introducen criterios que alteran la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

La orden ejecutiva establece nuevas condiciones para aquellas compañías que aspiren a firmar contratos con el Gobierno federal. Entre ellas, destaca la obligación de incluir en los acuerdos una cláusula compuesta por siete párrafos. En dicho texto, las empresas deberán comprometerse expresamente a que «el contratista no participará en ninguna actividad de DEI que sea racialmente discriminatoria».

El propio Trump defendió esta iniciativa en el documento oficial, donde aseguró que su Administración ha logrado avances relevantes en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. En ese contexto, el presidente escribió: «Mi administración ha hecho un progreso significativo para terminar la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluidas las llamadas actividades de 'diversidad, equidad e inclusión'». Con esta afirmación, el mandatario subraya su intención de redefinir el enfoque institucional sobre estas políticas.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estadounidense argumentó que este tipo de programas conlleva un incremento de costes para las empresas. Según su planteamiento, esas cargas adicionales terminan repercutiendo en el propio Estado, ya que las compañías trasladan dichos gastos al presentar sus ofertas en los procesos de contratación pública. De este modo, la medida también se justifica, en opinión de la Casa Blanca, como un mecanismo para contener el gasto federal.

No se trata, sin embargo, de una iniciativa aislada. Poco después de iniciar su nuevo mandato, Trump ya adoptó decisiones en la misma dirección. Entre ellas, ordenó el cierre de oficinas dedicadas a la diversidad dentro de la Administración federal. Como consecuencia, los empleados que trabajaban en estos departamentos fueron enviados a una licencia remunerada.

La medida abre un nuevo frente en el debate político y social en Estados Unidos. Queda por ver cómo reaccionarán tanto las empresas afectadas como los sectores que defienden la continuidad de las políticas de diversidad, en un contexto marcado por una creciente polarización en torno a estas cuestiones.