La muerte de Noelia, la punta del iceberg: 2.432 personas han solicitado la eutanasia desde su aprobación
A tenor de lo expuesto en el 'Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir', las solicitudes de esta práctica no han hecho más que aumentar
Noelia Castillo murió este jueves después de que se aplicara la eutanasia, una práctica que en España se legalizó en el 2021 y que, cinco años después, ha reabierto el debate social sobre la idoneidad de esta práctica. El hecho de la corta edad de Noelia, de solo 25 años, así como la exposición mediática del caso, con varias entrevistas en televisión, ha provocado un terremoto político y una extensión de la controversia a la calle.
Desde su entrada en vigor, más de 1.123 personas han puesto fin a su vida por este medio, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Desglosado por años, 75 personas murieron por eutanasia en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023 y 426 en 2024.
Las últimas cifras de las que se dispone son las publicadas por el departamento de Mónica García a finales del 2025 y correspondientes, por ende, al año 2024, por lo que a esas más de mil personas habría que sumarle aún todos los casos del año 2025 y los tres meses que llevamos de 2026, entre los que se encontraría el caso de Noelia.
Lo cierto es que, a tenor de lo expuesto en el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir, las solicitudes de eutanasia no han hecho más que aumentar. Desde la entrada en vigor en España de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024 se han registrado 2.432 peticiones: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024.
Durante los primeros seis meses de aplicación de la norma se registraron 175 solicitudes. De ellas, un 19 % (32 personas) falleció antes de completarse el proceso, mientras que en el 16 % de los casos (28) ni siquiera se llegó a elevar la petición al Comité de Garantía y Evaluación. Además, 25 solicitudes fueron rechazadas; otras siete se retiraron posteriormente (4 %) y seis quedaron aplazadas (3,4 %). En cuanto a los motivos, más de la mitad de quienes la solicitaron (53 %) padecían enfermedades neurológicas, y cerca del 30 % lo hicieron por cáncer.
El año 2022 fue el primer ejercicio completo con la ley en vigor. En ese periodo, 576 personas pidieron acceder a la prestación de ayuda para morir, aunque finalmente se llevaron a cabo 288 procedimientos. Entre quienes recibieron la eutanasia, solo cuatro eran menores de 30 años. En 2023 aumentó el número de solicitudes hasta 752, y se practicaron 334 eutanasias, de las cuales siete correspondieron a personas por debajo de esa edad.
En 2024, último año con datos disponibles, se cerraron 929 procesos, incluyendo 126 que se habían iniciado en ejercicios anteriores. Sin embargo, esta cifra no es directamente comparable con las de años previos, ya que engloba no solo las eutanasias realizadas, sino también los expedientes concluidos por fallecimiento del solicitante, así como los casos denegados o revocados. Si se atiende únicamente a las eutanasias efectivamente practicadas, el número asciende a 426. En conjunto, desde la entrada en vigor de la ley hasta finales de 2024, un total de 1.123 personas han recibido esta prestación en España.
En términos generales, predominan los pacientes con enfermedades neurológicas entre quienes solicitan la eutanasia, seguidos por los casos oncológicos. También se registran, aunque con menor frecuencia, solicitudes vinculadas a otras patologías, como la pluripatología, enfermedades reumatológicas u osteomusculares, así como afecciones cardiovasculares, respiratorias e incluso algunos trastornos psiquiátricos.
Diferencias entre comunidades
Los datos evidencian importantes diferencias entre comunidades autónomas. Cataluña destaca claramente como la región con mayor volumen tanto de solicitudes como de prestaciones realizadas, con 219 peticiones en 2023 y 303 en 2024, seguida por la Comunidad de Madrid, que también mantiene cifras elevadas (89 solicitudes en 2023), y el País Vasco, con una notable tasa de aplicación (58 solicitudes).
Otras comunidades como Canarias, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia presentan igualmente una actividad relevante, mientras que territorios como Murcia, La Rioja, Extremadura, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, registran una incidencia muy baja o prácticamente inexistente. En conjunto, se observa un incremento cercano al 25 % en las solicitudes entre 2022 y 2023, pero también una marcada desigualdad territorial en el acceso y la tramitación del procedimiento.
Como es lógico, aquellas comunidades con mayor población son las que presentan unos datos más altos de ejecución de solicitudes, pero destacan los datos de Cataluña, región donde más se practica, y País Vasco, que teniendo menos habitantes que Comunidad de Madrid o Andalucía presenta datos superiores.
