El PP reclama al Gobierno pagar la conciliación: extraescolares, 0 a 3 años y permisos

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares con el fin de facilitar su conciliación, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Según se desprende de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los populares exigen establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y evitar que esta recaiga «de forma desproporcionada» sobre las mujeres.

También abogan por adoptar medidas correctoras de carácter estructural dirigidas a reducir la brecha salarial y laboral de género, actuando sobre la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las discriminaciones retributivas, especialmente en los complementos salariales.

Igualmente, el PP llama a impulsar un «sistema efectivo» de conciliación y corresponsabilidad, garantizando el acceso universal y gratuito mediante un modelo de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a la educación infantil de 0 a 3 años, «como herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales asociadas a los cuidados».

En esta misma línea reclama regular y desarrollar «plenamente» el permiso parental retribuido, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Así, la formación pide que se garantice su carácter remunerado, «suficiente y corresponsable», para «evitar impactos negativos en la carrera profesional de las mujeres». Para ello, insta al Gobierno a proceder a su transposición, cuyo plazo recuerda que «ya ha sido incumplido».

Pensiones

De la misma manera, apuesta por abordar la brecha de género en el sistema de pensiones distinguiendo sus dos dimensiones estructurales: por un lado, impulsar las medidas de corrección en origen recogidas en esta proposición, «orientadas a igualar trayectorias laborales y bases de cotización entre mujeres y hombres, como vía principal y sostenible de equiparación de pensiones a largo plazo».

Por otro lado, pide garantizar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas trayectorias laborales ya no pueden ser corregidas, mediante medidas de solidaridad financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cotizaciones sociales.

Finalmente, recomienda evaluar periódicamente el «impacto real» de las políticas de igualdad en términos de resultados, utilizando indicadores «objetivos» de brecha salarial, laboral y de pensiones, y adaptando las medidas públicas en función de su eficacia, encomendando dicha evaluación a un organismo independiente «que garantice la objetividad y el rigor de los resultados».