Delinquir por «necesidad» abre puertas; tener un título no basta: la peligrosa doble vara del Gobierno

no lo dice el decreto de Regularización masiva de inmigrantes, pero sí el acuerdo por el que Sánchez contrata a Tragsatec, filial de Tragsa, para que apoye a los funcionarios en el proceso regularización. Dicho acuerdo señala claramente que si bien se exigen a los solicitantes de residencia «carecer de antecedentes penales», también se especifica que se preservará la «situación jurídica» de aquellas personas «que hayan podido actuar en estado de necesidad».

El Gobierno se esmeró en gritar a los cuatro vientos que las afirmaciones que señalaban que no exigían la ausencia de antecedentes penales eran falsas, pero jamás aclaró, en cambio, el ‘perdón’ sobre los delitos cometidos «por necesidad», adelantado por este periódico.

Tampoco explica por qué no resuelve el atasco que sufren los expedientes de homologación de extranjeros que vienen a España formados y quieren trabajar.

No solo no lo aclaran, sino que lo niegan. La ministra de Universidades, Diana Morant, eligió el día en que el Consejo de Ministros anunciaba la regularización extraordinaria para anotarse el tanto con otro gran titular. «El MICIU [Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades] logró resolver en 2025 más de 85.000 expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros, ocho veces más que en 2017», celebraba la nota de prensa del ministerio dirigido por Morant.

De ese total –siempre según cifras oficiales– 49.906 corresponden a homologaciones y 35.658 a equivalencias. Un 76,3% del total, es decir, 65.319, han sido favorables.

Estas cifras las usaron tanto desde la izquierda –para felicitarse por facilitarle la vida a los extranjeros en pleno proceso de regularización masiva– y desde la derecha –para rechazar el supuesto desplazamiento de los profesionales nacionales en detrimento de los que vienen con títulos de fuera–.

Sin embargo, ni unos ni otros cuestionaron la verdad de las cifras. Salvo los colectivos de homologantes, como los odontólogos, que además de anunciar manifestaciones, avisan que iniciarán acciones legales contra el ministerio de Morant.

«Muchos llevamos desde hace 6,7 y hasta 8 años con una resolución favorable condicionada que se nos va a vencer y no vamos a poder homologar y por tanto ejercer nuestra profesión en España nunca, no por falta de voluntad si no por la inacción del ministerio», denuncia a El Debate Juliana, odontóloga colombiana que lleva desde 2018 en el proceso de homologación y miembro de Odontólogos Migrantes.

«La realidad es que dentro de lo que ellos califican de expedientes resueltos hay muchos cerrados, y entre ellos, de mala manera», aclara José María Casas, psicólogo que tardó años en homologar y portavoz del Movimiento Psicólogos Migrantes, que agrupa a actualmente a más de 1.250 psicólogos de 29 países. «Respecto a los psicólogos extranjeros, hay gente a la que le piden documentación que ya consta en su expediente. Además, la única forma con la que cuentan para abordar el problema es mediante una cita online con el ministerio, en las que muchas veces quien te atiende corrobora que, efectivamente, la documentación estaba allí y el expediente se destraba; sin embargo, para esas citas nunca hay turno porque está copado por una mafia que las vende a entre 60 euros y 90 euros».

«Usan la prioridad que tanto critican»

De esta forma, «y como Psicología no es prioridad, los expedientes siguen ahí y no se mueven: o bien se intentan cerrar con la excusa de que faltan de documentos que en realidad están o llegan informes negativos de Aneca ( agencia de acreditación) en los que se hace un copia y pega de argumentos que no son acordes al expediente», explica. Casas cree que las altas cifras de expedientes resueltos del ministerio responden a los «de fácil resolución y demostrar estadísticamente algo que no es real, la gente que llevaba años en espera sigue en espera, y el médico que presenta hoy en 3 meses está homologado. No hay igualdad entre los solicitantes de homologación porque Morant introduce la ‘prioridad’ que tanto critican desde el Gobierno».

Pese a su 'éxito' arrollador, el ministerio está trabajando en un nuevo proyecto de real decreto de reconocimiento y verificación académica y profesional de las titulaciones universitarias oficiales obtenidas en sistemas universitarios extranjeros. El último se aprobó en 2022, es decir, que han pasado tan solo cuatro años y el Gobierno ha tenido que aprobar un texto nuevo.

«Idéntico procedimiento»

Una de las novedades que incluye este texto, actualmente en audiencia pública para obtener aportaciones, es que contrariamente a lo que ocurría hasta ahora se podrán volver a presentar los títulos rechazados transcurridos dos años. «Un título universitario extranjero que haya obtenido una resolución definitiva desfavorable en el procedimiento de homologación o de declaración de equivalencia, no podrá volver a ser presentado para idéntico procedimiento hasta trascurridos dos años desde la notificación de dicha resolución en sede electrónica», dice el borrador del real decreto.

Otra novedad es la creación de una Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros-NARIC (ONR-NARIC) encargada de «los actos de iniciación, ordenación, instrucción y de la propuesta de resolución de los procedimientos de homologación y de declaración de equivalencia de títulos universitarios oficiales extranjeros».

Se trata, dice el decreto, de un órgano administrativo con rango de Subdirección General, adscrito a la Secretaría General de Universidades del ministerio.

Desde Psicólogos Migrantes señalan que el nuevo texto añade condiciones para homologar que «ponen en evidencia la hipocresía del PSOE». Casas señala en concreto el hecho de que en plena regularización masiva se pida ahora como requisito para homologar u obtener la equivalencia –en el caso de los residentes en España–, el certificado de empadronamiento así como la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o certificado de residencia para ciudadanos de la UE.

También critica que la nueva oficina, NARIC, puede «consultar a Migraciones y a Interior el estatus jurídico y migratorio de la persona solicitante».

El texto dice que entre las funciones de la mencionada oficina se incluye la de «garantizar el correcto intercambio de información con otros órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado responsables de producir y gestionar información o de desarrollar procedimientos que pueden tener relación con el sistema de homologaciones y de declaraciones de equivalencia de títulos universitarios extranjeros, como son los Ministerios responsables de Interior, Migraciones, Exteriores, Justicia y Cooperación al Desarrollo, así como con el Instituto Nacional de Estadística, en especial, para disponer de información sobre la situación legal y de residencia de los solicitantes de una homologación o de una declaración de equivalencia».

«Policía migratoria»

Para Casas, se «introducen cuestiones de control típicos de 'policía migratoria' que nada tienen que ver con la evaluación académica que, en realidad, debe consistir en una simple verificación». Y añade que «mientras las recomendaciones europeas hablan de ampliar derechos a nacionales de terceros países, España cierra».

La mencionada oficina tiene como «responsabilidad» el desarrollo de los requisitos formativos complementarios con los que se busca «equiparar, de forma ponderada y viable en su superación, los contenidos formativos entre la titulación extranjera oficial y la española a la que trata de homologarse, garantizando así la calidad formativa de todas las personas que ejercen una determinada profesión regulada en España».

Equivalencia a título de Doctor

Otra de las novedades del decreto es que desarrolla el procedimiento para la declaración de equivalencia de un título universitario extranjero a nivel académico de Doctor. En el decreto anterior -de 2022- solo aparecía la mención en una disposición adicional y se indicaba que era tarea de las universidades. Ahora también se mencionan los campus pero se especifica la documentación concreta que se tiene que presentar.

Sobre este tema el decreto insiste en lo que ya decía el anterior: «El órgano competente para la resolución del procedimiento es la persona titular del rectorado de la universidad». La pregunta es por qué pueden los rectores tramitar equivalencias de doctor pero no tienen nada que decir sobre los títulos de grado o de máster. «Si quieres acabar con la congestión de las homologaciones en la Aneca [agencia del ministerio encargada de] la única forma es encomendando ese trabajo a los rectores. ¿Por qué no lo hacen? Porque el Ministerio quiere el control absoluto en el acceso al mercado de trabajo», señalan fuentes de Universidades.

Otra cuestión que llama la atención del decreto es la «obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración». Esta exigencia ya estaba en el decreto anterior y llama la atención porque da por hecho que el extranjero cuenta con los medios para vincularse con la Administración de la forma que el decreto indica. Otra exigencia es la del pago de la tasa solo por hacer el trámite de solicitud.

El papel de los colegios profesionales

El decreto también incluye supuestos, en el apartado «Instrucción del procedimiento» en los que no es necesario que se pida informe proveniente de los Colegios Profesionales: «Si a la solicitud se le pueden aplicar medidas de carácter general no será necesario el requerir el informe de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales o, en su caso, los Colegios Profesionales de ámbito nacional, ni el informe de reconocimiento y verificación académica y profesional de Aneca». Y agrega otros cuatro supuestos en los que tampoco se contará con los colegios.

El papel de algunos colegios profesionales ha sido cuestionado por los profesionales extranjeros. Es el caso de los psicólogos que han denunciado en infinidad de ocasiones al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos por considerar que han obstruido sus homologaciones para impedir la competencia y controlar el mercado laboral. El propio exministro de Universidades, Joan Subirats, reconoció a varios afectados que había presiones de colegios profesionales para retrasar la homologación.