Ceuta lleva a los tribunales a Sanidad por cargarle con el coste de las pruebas médicas de los menas

La ciudad autónoma de Ceuta ha llevado a los tribunales al Ministerio de Sanidad de Mónica García, después de que esta entidad le requiriese el pago de los servicios y actividades sanitarias prestados a menores extranjeros no acompañados de la ciudad.

En concreto, el Consejo de Gobierno de la ciudad autónoma ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones del Hospital Universitario de Ceuta al considerar que la ciudad no debe asumir el coste de determinadas actuaciones vinculadas a la determinación de la edad de los menores extranjeros.

Así consta en el acta de sesión del Consejo de Gobierno de Ceuta del pasado 19 de mayo, a la que ha accedido este periódico. Según este documento, la decisión fue elevada por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en un expediente en el que la ciudad fundamenta su posición en la normativa de protección de menores y de extranjería.

El Gobierno ceutí parte de que los menores extranjeros tutelados o bajo guarda de una entidad pública tienen reconocido de oficio el derecho a la asistencia sanitaria durante el periodo en que se mantenga dicha tutela o guarda, de acuerdo con el artículo 10.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Sin embargo, sostiene que esta circunstancia no implica que la ciudad deba asumir cualquier coste sanitario relacionado con el procedimiento de determinación de edad de los extranjeros que llegan a Ceuta.

Cabe destacar que aunque la tutela de los menores recae directamente en el Ejecutivo de Ceuta, las competencias en Sanidad en las ciudades autónomas no están traspasadas, sino que es el propio Gobierno central quien la gestiona.

Tal y como explica el Ejecutivo de Ceuta en el citado documento oficial, la clave del recurso está en las pruebas médicas para determinar la edad de los jóvenes que llegan a la ciudad sin documentación suficiente para acreditar que son menores. Según el expediente, tanto la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros como su Reglamento atribuyen al Ministerio Fiscal la decisión de ordenar la realización de las pruebas médicas de determinación de edad.

De acuerdo con esta normativa, aunque los servicios autonómicos de protección de menores tienen la obligación de prestar atención inmediata mientras se determina la edad de un extranjero, considera que la competencia para instar las pruebas médicas y determinar la edad corresponde al Ministerio Fiscal y no a las entidades públicas de protección de menores, por lo que el coste que les traspasó Sanidad no le correspondería pagarlo a la ciudad de Ceuta.