La Universidad del Gobierno: funcionarios sí, emprendedores no

La normativa y la política del Gobierno están protegiendo un modelo de universidad que penaliza el emprendimiento, la conexión empresarial, la transferencia de conocimiento y la iniciativa privada. Es un modelo fracasado que presenta tal falta de planificación y eficiencia que provoca una enorme salida de capital humano universitario al extranjero.

Pero vamos por partes: hay una discusión que España debe abordar con urgencia: cumple la universidad con toda su función social. Formar magníficos profesionales es imprescindible, pero también lo es fomentar el emprendimiento y formar jóvenes capaces de crear empresas, generar empleo, innovar y transformar conocimiento en riqueza.

Antonio Banderas lo explicó hace años en El Hormiguero con una comparación demoledora. Recordaba una encuesta realizada a universitarios españoles —creía que en Andalucía— en la que alrededor del 75 % aspiraba a ser funcionario. Una encuesta semejante en Estados Unidos ofrecía prácticamente el resultado inverso: el 75 % quería emprender. Y lo resumió de manera bastante menos académica que cualquier informe universitario: «Con gente que quiere ser funcionaria no se hace un país».

Naturalmente, un país necesita magníficos funcionarios. El problema aparece cuando la aspiración predominante de sus jóvenes mejor formados consiste en encontrar seguridad en lugar de crear oportunidades. No parece casual en un sistema que ha convertido el modelo de universidad pública en patrón casi único y que durante décadas ha normalizado una cultura de nómina pública y aversión al riesgo, acompañada demasiadas veces por el recelo ideológico hacia el empresario y la creación de riqueza. Es difícil formar emprendedores cuando se enseña a sospechar de quien emprende.

Si queremos una España dinámica, con pleno empleo y capaz de sostener el bienestar, la transformación económica debe empezar por renovar conceptos caducos y transformar la mentalidad de nuestra universidad.

Universidad, empleo y emprendimiento

La universidad no debería limitarse a fabricar buscadores de empleo; debería formar también creadores de empleo. Detectar oportunidades, asumir riesgos, innovar, patentar y transformar conocimiento en actividad económica constituye buena parte del ecosistema que rodea a las universidades que lideran los rankings internacionales. El modelo español, extraordinariamente reglamentado y con un profesorado público mayoritariamente sometido a una carrera de naturaleza funcionarial, no parece precisamente diseñado para inocular el espíritu de Silicon Valley.

En lugar de obsesionarse con la naturaleza jurídica de la universidad a la que acceden nuestros jóvenes, el Ministerio podría preguntarse cuántos salen de ella queriendo crear una empresa y cuántos terminan haciendo las maletas.

El Banco de España, utilizando datos del INE, señaló que en 2022 alrededor del 60 % de los nacidos en España que emigraron tenía estudios universitarios. Y el INE aporta otro dato inquietante: cinco años después de graduarse, el 7,4 % de los titulados ocupados de la promoción analizada trabajaba en el extranjero.

En 2023 emigraron 81.805 españoles nacidos en España y en 2024 fueron 88.243. Si, únicamente como aproximación, aplicásemos aquel 60 %, estaríamos hablando de un orden de magnitud superior a 50.000 universitarios al año. No podemos afirmar que sean recién graduados ni que todos emigren por razones laborales. Pero sí constatar una formidable exportación de capital humano: España paga buena parte de su formación y otros países reciben su talento, su productividad, sus impuestos y sus cotizaciones.

Una curiosa manera de rentabilizar la inversión pública en educación.

Y el caso de los médicos convierte la paradoja en esperpento; un esperpento sangrante.

En 2025 España resolvió favorablemente 65.319 expedientes de homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros, 30.303 correspondientes a Medicina, mientras nuestras universidades gradúan aproximadamente 6.600-6.700 médicos al año. El propio Ministerio reconoce que no producimos suficientes egresados de Medicina para atender la formación especializada y las necesidades de especialistas, en plena ola de jubilaciones, mientras Sanidad ha llevado la oferta MIR hasta cerca de 10.000 plazas anuales.

Conviene insistir: 30.303 reconocimientos de títulos de Medicina no equivalen a 30.303 médicos extranjeros contratados por España. Sería incorrecto afirmarlo.

Pero la contradicción permanece intacta y quizá resulte aún más reveladora: necesitamos más médicos, ofertamos más plazas MIR que graduados producimos y reconocemos decenas de miles de titulaciones médicas extranjeras, mientras buena parte del debate político se concentra en poner trabas a quién puede abrir una Facultad de Medicina en España.

Antes de declarar la guerra a la universidad privada convendría que los Ministerios responsables de Universidades y Sanidad se conocieran entre sí. Y que indicaran también al Ministerio de Economía algo bastante elemental: un médico formado en una universidad privada le sale al Estado prácticamente gratis, frente a lo que cuesta formar uno en una universidad pública.

Esto también es política universitaria: calcular necesidades, anticiparlas, adaptar la oferta y utilizar eficientemente unos recursos que no son infinitos. No parece que la titular del Ministerio de Universidades ejerza el paradigma de una planificación impecable.

También resulta revelador observar el posgrado. En 2024-2025 las universidades públicas impartieron 2.942 másteres y las privadas 1.224. Sin embargo, las privadas matricularon 165.688 estudiantes de máster frente a 147.501 en las públicas. Con muchos menos títulos concentran ya la mayoría del alumnado.

Y, descontando el efecto de los estudiantes internacionales, durante el primer año después de terminar un máster la afiliación alcanza el 78,7 % entre los egresados de universidades privadas frente al 63,1 % de las públicas. Cuatro años después: 85,5 % frente a 77,3 %.

Quizá los estudiantes hayan descubierto algo antes que el regulador.

Investigar para algo

Existe además otra discusión que España debería abordar con urgencia: qué entendemos por investigación universitaria excelente.

Publicar en las mejores revistas es imprescindible. La investigación fundamental también. Pero investigar significa igualmente patentar, transferir conocimiento, crear empresas, desarrollar tecnología, colaborar con el tejido productivo y transformar conocimiento en riqueza y empleo.

La universidad española genera alrededor del 82 % de la producción científica del país. Una formidable capacidad de creación de conocimiento. Pero seguimos teniendo una débil conexión universidad-empresa.

Una universidad próxima a la empresa no debería resultar sospechosa. Debería ser una aspiración.

Nuestros sistemas de evaluación no reconocen en la medida que merece a la investigación aplicada y la transferencia efectiva. Hemos construido durante décadas una carrera académica en la que publicar otro artículo resulta profesionalmente mucho más rentable que conseguir que una investigación llegue al mercado, tenga utilidad directa sobre la sociedad o cree riqueza.

ANECA está introduciendo tímidos cambios al reconocer transferencia, patentes, creación de empresas basadas en conocimiento y colaboración empresarial; pero, son totalmente insuficiente, aunque lo que evidencian es la existencia de un serio problema no resuelto.

La pregunta no es únicamente cuánto publicamos, sino qué hacemos con lo que investigamos.

Cuando universidad y empresa viven de espaldas pierden ambas. Y pierde especialmente la pequeña y mediana empresa, incapaz muchas veces de mantener grandes departamentos propios de I+D y que necesita acceder al conocimiento de universidades y centros de investigación para innovar, competir y sobrevivir.

Tampoco ayuda convertir ideológicamente al empresario en personaje sospechoso. El pensamiento crítico que debe fomentarse en la universidad se ha confundido en prejuicio contra la empresa. Y resulta difícil pedir después a las compañías que inviertan, colaboren y confíen su innovación a una institución qué, por ideologización y adoctrinamiento, las contempla con recelo y total desconfianza.

No puede generalizarse a todas las universidades públicas ni atribuir virtud automática a todas las privadas. Pero las privadas, por su propia necesidad de competir, atraer estudiantes, responder a las familias y mantener relación con empleadores, disponen de incentivos muy poderosos para permanecer conectadas con el tejido productivo.

La obsesión del Gobierno contra las privadas es puramente ideológica y va en detrimento de la economía que su mera existencia genera en la sociedad. Al Gobierno le sobran prejuicios sobre quién es el propietario de una universidad y le faltan exigencias sobre quién forma, investiga, transfiere, patenta, conecta con empresas y consigue que sus estudiantes encuentren empleo o, todavía mejor, lo creen.

Una sociedad que educa para depender en lugar de crear puede repartir riqueza durante un tiempo; lo que no puede hacer indefinidamente es producirla.

Un país que forma universitarios para buscar seguridad, pero no para crear riqueza, termina haciendo económicamente inviable la propia seguridad que promete; pero un país que forma universitarios para crear, arriesgar e innovar construye su futuro.