El Senado aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras estudiar 150 enmiendas

Tras estudiar minuciosamente las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado este jueves luz verde al dictamen, que ha salido adelante con los 17 votos a favor del PP y 15 abstenciones del resto de grupos. El texto se someterá a votación en el próximo pleno del Senado, previsto para el 9 de septiembre.

En total, se han presentado 150 enmiendas al texto, de ellas 45 son del PP; 40 de Junts; 21 de Esquerra Republicana; una veintena de Vox; 13 del Grupo Vasco; una decena de BNG; y dos del PSOE.

La reforma de las leyes, que se aprobará en el pleno de la Cámara Alta el próximo 9 de septiembre, contempla una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia para las personas con dependencia y discapacidad.

Estas modificaciones legislativas se aprobaron en el Congreso junto a una ampliación de 6.200 millones de euros de la financiación del sistema para 2026 y 2027, que duplica las cuantías que el Estado abona cada mes a las comunidades autónomas, y el cual se blinda por ley con la nueva norma para que la inversión estatal en dependencia alcance el 50 % del total.

Enmiendas presentadas

De introducirse algún cambio a la norma en la tramitación en el Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

En este trámite, el PP ha aprovechado para introducir sus enmiendas al texto a una ley que «carece de financiación para poder llevarla a efecto», con el objetivo de garantizar los «derechos económicos» de las personas con discapacidad y dependencia, ha defendido el senador Bienvenido de Arriba.

El PP ha introducido mejoras encaminadas a garantizar las mismas rebajas fiscales a igual grado de dependencia o discapacidad, o la reducción del IVA al 4 % para adaptación de viviendas o vehículos para personas con discapacidad.

Otras de las enmiendas están dirigidas a garantizar que la prestación y el permiso por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años, cuando persistan la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos, o garantizar la libertad de elección para que las personas dependientes puedan optar entre prestación económica o servicio.

El PSOE, que solo ha presentado dos enmiendas con mejoras de carácter técnico jurídico para mejorar la claridad de la norma y garantizar la accesibilidad en el ámbito del servicio de comunicación audiovisual, ha defendido el contenido de la norma remitido por el Congreso que permite a las personas compatibilizar prestaciones y servicios, e incluye una ampliación de la financiación «para hacerlo realidad», ha destacado la senadora Marta Arocha.

Junts, que ha propuesto, entre otras cuestiones, introducir la jubilación anticipada para cuidadores principales de personas en situación de gran dependencia o reforzar los derechos de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, ha subrayado la necesidad de aprobar una ley «trascendental» de dependencia, cuyo último texto se aprobó en 2006.

Desde el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, que se ha abstenido en la votación del dictamen del texto, el senador Josep María Reniu, ha remarcado a importancia de «poner remedio» a los problemas derivados de la ley de dependencia 20 años después, que llevará el «elemento clave» de la financiación para su despliegue.

Vox quiere, entre otras cuestiones, «neutralidad ideológica» en la ley y eliminar referencias de identidad sexual o de perspectiva de género, y garantizar la igualdad entre españoles «con independencia del lugar de España en el que vivan». «Una misma situación de dependencia no puede tener consecuencias diferentes según el código postal», ha señalado el senador Javier Valentín Alonso.

Desde el Grupo Vasco, la senadora Nerea Ahedo ha incidido que sus enmiendas corresponden con peticiones y necesidades «reales» de los colectivos, que espera que puedan ser estudiadas para su consideración en la aprobación definitiva de la ley.