Un profesor de Medicina desmonta el artículo de Sánchez sobre el hantavirus con el jefe de la OMS

Juez en causa propia

Sobre un artículo de perspectiva en el que las partes emiten un juicio sobre sí mismas

Confieso cierta perplejidad. El 3 de octubre, The New England Journal of Medicine publicó un artículo de «Perspectiva» titulado Hantavirus: lecciones aprendidas sobre seguridad y solidaridad, firmado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El texto relata el brote del virus Andes a bordo del MV Hondius y la operación que permitió darlo por concluido. Está bien escrito y sus conclusiones son difíciles de discutir. Mi objeción no se refiere a lo que dice, sino a quién lo dice.

Existe una antigua máxima del derecho anglosajón, nemo iudex in causa sua: nadie puede ser juez en su propia causa. Este principio no es una mera formalidad procesal. Se fundamenta en la observación de que incluso los hombres más honorables, cuando se les pide que evalúen su propia conducta, tienden a seleccionar los hechos que los favorecen, interpretar las circunstancias ambiguas de manera indulgente y extraer conclusiones que coinciden con sus propios intereses. No es necesario que actúen de forma deshonesta; basta con que sean humanos. Precisamente porque este sesgo puede ser inconsciente, no pedimos a las personas que juzguen sus propios casos.

Sin embargo, aquí nos encontramos ante algo muy parecido. Los dos autores no son observadores del episodio del Hondius: son sus principales protagonistas. Uno dirigía el Gobierno que recibió el barco en Tenerife; el otro encabezaba el organismo que emitió las recomendaciones, coordinó la respuesta internacional y declaró concluido el brote. Su artículo describe las actuaciones de sus respectivas instituciones, las considera eficaces, legales y humanitarias, y las presenta a los lectores de la revista médica más influyente del mundo como un modelo de liderazgo basado en «la ciencia, la evidencia y la compasión». En esta ocasión, el juez y la parte han sido las mismas personas, y el veredicto es favorable.

Quiero dejar claro qué es lo que no estoy argumentando. No me opongo a que una revista médica dé espacio a un jefe de Gobierno o al director de una organización internacional; ambos pueden aportar perspectivas que ningún médico clínico podría ofrecer. Tampoco discuto que el brote fuera contenido, que la operación de Tenerife se llevara a cabo con destreza o que España actuara mejor que algunos de sus vecinos. Mi argumento es más concreto y, creo, más difícil de rebatir: un texto en el que sus autores evalúan a las instituciones que dirigen es un documento de naturaleza distinta al de una evaluación realizada por terceros. El lector tiene derecho a que se le informe de esa diferencia.

Que la valoración es parcial no resulta difícil de demostrar. Un artículo de perspectiva publicado en JAMA, firmado por Hertelendy, Gostin y Ciottone, interpreta los mismos acontecimientos de manera muy distinta. Sus autores describen «retrasos críticos en la detección y la notificación internacional» y una respuesta internacional inicialmente fragmentada. La primera muerte se produjo el 11 de abril. La notificación formal a la OMS no llegó hasta el 2 de mayo, unas tres semanas después, cuando 34 pasajeros y miembros de la tripulación ya se habían dispersado por varios países. La propia cronología de la OMS no contradice este relato. Nada de ello aparece en el artículo de perspectiva. El resultado fue positivo; el proceso, evidentemente, no estuvo exento de fallos. Si el propósito del artículo era extraer lecciones, esos retrasos y esa dispersión eran algunas de las más importantes que debían extraerse. Su ausencia resulta, por sí misma, reveladora.

El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas sostiene desde hace tiempo que los conflictos de intereses no se limitan al dinero y que toda relación o interés que razonablemente pueda percibirse como una influencia en la interpretación de un trabajo debe hacerse transparente. La propia revista ya defendía esta idea hace más de cuarenta años, cuando Arnold Relman señaló que los autores pueden verse condicionados por intereses que no tienen ninguna dimensión comercial. Cuesta imaginar un interés más directo que el de un autor en la reputación de la institución que dirige. Sin embargo, el artículo no incluye ninguna nota editorial, comentario contextual ni indicación que advierta al lector de que lo que va a leer es una autoevaluación y no una evaluación independiente. No puedo saber si la revista examinó la cuestión y consideró que carecía de importancia, o si ni siquiera llegó a planteársela. Ambas posibilidades me preocupan.

En el caso del presidente del Gobierno español hay, además, una circunstancia que acentúa el problema. El artículo apareció en línea el 3 de octubre. Dos días después, el señor Sánchez disolvió el Parlamento y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre. No sugiero que la revista supiera que esto iba a suceder, y mucho menos que pretendiera favorecer electoralmente al presidente. Pero un jefe de Gobierno en ejercicio que publica, en vísperas de una campaña electoral muy disputada, un relato de la actuación de su propia Administración como ejemplo para el mundo no está realizando un acto puramente científico. Fingir lo contrario sería ingenuo. El lector de la revista en Boston o Birmingham quizá desconozca la inminencia de las elecciones. El lector de Madrid difícilmente puede ignorarla. La neutralidad editorial no consiste únicamente en carecer de intención política; también exige anticipar las consecuencias políticas previsibles de una decisión de publicación.

Tampoco puede el lector de Madrid separar fácilmente este episodio del contexto más amplio. Mientras el artículo presenta la gestión del Hondius como un modelo de seguridad, solidaridad y responsabilidad pública, el Gobierno español lleva dos meses afrontando una grave crisis humanitaria e institucional en Ceuta, con miles de personas todavía en la ciudad y una disputa abierta entre distintos niveles de la Administración sobre la suficiencia, la rapidez y la coordinación de la respuesta. No equiparo ambas situaciones: no son comparables. Solo señalo que el liderazgo no se demuestra escogiendo el episodio más favorable de la propia trayectoria e invitando al mundo a juzgar a partir de él exclusivamente.

Hay, por último, un precedente que no puedo olvidar. En junio de 2020, junto con José Luis Calleja y Antonio Zapatero, escribí en The BMJ sobre la extraordinaria incidencia de la covid-19 entre los profesionales sanitarios españoles, que entonces era la más alta del mundo, y sobre los fallos de preparación, pruebas diagnósticas y equipos de protección que contribuyeron a esa situación. Escribimos mientras la crisis seguía desarrollándose, no una vez superada. No menciono aquello para reabrir ese debate ni para atribuir la pandemia a una sola persona. Lo hago porque nos recuerda que las afirmaciones sobre el liderazgo sanitario, cuando proceden de quienes ejercen el poder, merecen ser examinadas con memoria, además de buena voluntad.

Hay una última ironía que explica por qué estas líneas aparecen aquí y no en Boston. Las instrucciones de The New England Journal of Medicine para quienes desean enviar correspondencia indican que, por regla general, la revista no publica cartas en respuesta a sus artículos de perspectiva. Esta política no fue concebida para silenciar el debate, y no sugiero que ese sea su propósito. Sin embargo, aplicada a un artículo de estas características, produce un resultado digno de atención: una plataforma de alcance extraordinario y ninguna vía ordinaria para responder dentro de ella.

No escribo para exigir nada a la revista. Esa decisión corresponde a sus responsables editoriales, no a mí. Escribo porque este episodio ilustra un problema que no se limita a una revista ni a un país, y que la prensa médica todavía no ha afrontado de manera satisfactoria. Los poderosos siempre querrán publicar en los lugares que confieren autoridad, y las instituciones que otorgan esa autoridad siempre sentirán la tentación de darles espacio. No hay nada escandaloso en ello. Lo importante es la distancia que el editor mantiene entre el autor y el veredicto: una nota aclaratoria, un comentario contextual, un revisor que no haya estado implicado en los hechos. Cuanto mayor sea la autoridad de la revista y mayor el poder del autor, mayor debe ser esa distancia.

En esta ocasión, por lo que el lector puede apreciar, esa distancia no existió. Y la lección aprendida es que una lección puede ser escrita por las mismas personas sobre las que debería versar.

Conflictos de intereses: no se declaran.