Igualdad usó fondos contra la violencia de género para financiar talleres de risoterapia y un «homenaje a la vagina»

El Ministerio de Igualdad ha estado destinando parte de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para financiar talleres de risoterapia, reguetón, crochet, hornazos, yoga y suelo pélvico, así como talleres para fabricar jabones caseros, catas de chocolates, actos LGTBI, una tertulia flamenca y un «homenaje a la vagina», entre otras actividades.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria escrita por el Gobierno de Pedro Sánchez en base a una batería de preguntas que había formulado Vox sobre «presuntas irregularidades» en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. El Ejecutivo ha recopilado una seria de quejas sobre el uso de estos fondos.

La formación liderada por Santiago Abascal pidió conocer la relación de todas las denuncias registradas en el periodo 2021-2025. Este periodo incluiría el anterior mandato de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Preguntó también por la «imposibilidad o negativa» de facilitar dichos datos, así como la «falta de transparencia» en relación a la fiscalización y control de los fondos públicos gestionados por el Ministerio de Igualdad que encabeza Ana Redondo.

Además, Vox preguntó por las denuncias que habían derivado en aperturas de expedientes, procedimientos sancionadores y/o archivo de actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales y por los mecanismos que ha implementado el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en el uso de estos fondos.

«Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora»

A pesar de financiar actividades un tanto alejados de la lucha contra la violencia de género, el Gobierno de Sánchez defiende que la revisión de estos fondos no tiene una «naturaleza sancionadora», sino verificar y controlar «el cumplimiento de la finalidad» de los mismos.

«Las quejas recibidas son objeto de un procedimiento de análisis y seguimiento administrativo, en el que se solicita información a las entidades locales correspondientes a efectos de verificar la adecuación de las actuaciones a los fines del Pacto de Estado. Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad de los fondos. Si no están vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se financian», asegura el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria.

El Ejecutivo central asegura que desde el 2024 el Ministerio de Igualdad «ha reforzado el control y seguimiento del uso de los fondos del Pacto de Estado» con el objetivo de «garantizar su correcta aplicación por parte de las entidades locales». «Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos», señala.

El Gobierno de Sánchez alega que el 7 de mayo de 2025 publicó una guía para el «buen uso» de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que fue difundida a través de a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los 7.880 municipios.

En este sentido, los socialistas afirman que proporcionan asesoramiento técnico especializado a través de buzón específico y teléfono exclusivo para atender las dudas y aclaraciones que los ayuntamientos puedan necesitar en cualquier momento a lo largo del ciclo de ejecución.

Refuerzo de la revisión de las justificaciones

El Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar destaca, en su respuesta a Vox, el «refuerzo» de la revisión de las justificaciones, con solicitud de correcciones en caso de haberse producido actuaciones no financiables y control de remanentes, además del desarrollo de acciones formativas específicas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar criterios de elegibilidad.

Por último, el Gobierno de Sánchez recuerda que la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza envió una carta a las entidades locales tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado 2024 y 2025, recordando los criterios para su «buen uso» y ejecución.